La institucionalidad de un país es la piedra fundacional de su prosperidad.
Según marche ella marchará la nación, de ello también depende el manejo de sus recursos.
La institucionalidad es más que los órganos, entes e instituciones del Estado, es también la cultura política, el apego a la ley por parte de la sociedad.
En tal sentido, Montesquieu enfatizó la importancia de la división de los poderes, la teoría del contrapeso, a fin que el efecto de fiscalización y contraloría entre estos poderes fuese funcional, efectivo, permitiendo a los ciudadanos una especie de garantía que evitará que los conductores del Estado (gobernantes) no se convirtieran en una supraélite, en un cogollo, en un grupo de privilegiados que utilizaran las instituciones del Estado para enriquecerse ellos y sus allegados.
Así mismo, es factor determinante la comprensión de los gobernantes como servidores públicos, como trabajadores sociales, que bajo ningún concepto los coloque por encima de la sociedad en una relación de control, mando o dominio, esto es supremamente importante.
Desde los inicios de las sociedades humanas la razón del gregarismo, de los conglomerados humanos, fue la de generar fuentes de alimentos, de vivienda, de seguridad, que satisfagan las necesidades de dichas sociedades.
Existen Estados que a lo largo de su historia han logrado constituir sociedades prosperas, sabiendo hilvanar en su andanada instituciones eficientes en respuesta a sociedades exigentes y vigilantes de sus funciones.
Existe otro tipo de Estados donde las sociedades han asimilado a sus gobernantes en figuras casi religiosas, donde éstos son vistos como jefes supremos, como comandantes incluso de civiles, como líderes incuestionables, dichas sociedades aceptan sus errores casi con gratitud, estas naciones obviamente poseen pésima institucionalidad, baja calidad de vida.
Una garantía efectiva para que los ciudadanos obtengan de sus gobernantes buenos resultados es disgregar, desconcentrar el poder, por ejemplo, que las decisiones importantes donde se comprometan los destinos nacionales sean tomadas por los parlamentos (pluralidad política) y no por una sola persona.
Fíjense el artículo 226 de la CRBV señala que el Presidente es el Jefe del Estado ¡Qué barbaridad! cuando lo correcto debería ser Jefe de Gobierno en los términos que establezca la CRBV y la ley, porque el Jefe del Estado en una democracia debe ser el pueblo. Así mismo les invito revisen en artículo 226, en cuyas atribuciones presidenciales se castra la democracia de nuestro país, prácticamente la otorga a solo un hombre.
En fin, lo que pasa es que en Venezuela la división de poderes constitucionalmente no se garantiza, así mismo los ciudadanos no tenemos apego a la ley, por si fuera poco el centralismo y culto al poder es una ominosa realidad, todo ello depara una débil institucionalidad.
Hasta tanto la sociedad, el pueblo venezolano, no asimile su rol, su estatus y comience inexorablemente exigir resultados a los gobernantes, sin aceptar excusas ni «endilgaderas» de culpas al pasado y hasta tanto el pueblo no comience a exigir respuestas oportunas a las instituciones, pues nunca tendrá un país próspero, mucho menos alta calidad de vida sustentable, todo seguirá «endémicamente igual».
