Cinco años después del cierre de la emblemática Radio Caracas Televisión (RCTV), el gobierno sigue justificándolo como un acto en defensa de la democracia, mientras la oposición habla de falta de libertad de prensa en un país inmerso en una «guerra mediática» sin tregua.
El 27 de mayo de 2007, Radio Caracas Televisión (RCTV), decana de la televisión venezolana y una de las de mayor audiencia, dejó de emitir después de que el gobierno no renovara su concesión, una decisión que suscitó una oleada de protestas lideradas por estudiantes, así como críticas internacionales.
El gobierno dejó así fuera del aire a una de las cadenas privadas a las que había acusado de conspirar en su contra durante el golpe de abril de 2002 –que sacó brevemente del poder al presidente Hugo Chávez– por no haber transmitido las manifestaciones callejeras que pedían el regreso del mandatario.
«Si se ataca a la democracia, es lógico y pertinente que se tomen medidas para orientar de qué manera se debe utilizar el espectro radioeléctrico», justificó a la AFP el analista político pro-oficialista Nicmer Evans, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Pero otros analistas señalan que el cierre de RCTV deterioró la imagen del gobierno de Chávez, que pareció comprender «que el camino no es sacar una señal del aire», como explicó Andrés Cañizález, experto en comunicación política de la Universidad Andrés Bello.
Por ello, ahora «se trata de una guerra de baja intensidad, con acciones judiciales, tributarias, vociferantes amenazas y negación de acceso a fuentes oficiales», escribió este sábado en el diario opositor TalCual.
Desde la salida del aire de RCTV, decenas de pequeñas radioemisoras perdieron su licencia y otras cadenas han venido sufriendo procesos judiciales, como Globovisión, muy crítica con el gobierno, que fue condenada a pagar varias multas multimillonarias.
Muchas de esas medidas se tomaron en virtud de la «Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión», de 2004, que contempla desde la imposición de multas hasta la revocación de la licencia de emisión en caso de que no se respeten ciertos criterios definidos por las autoridades.
Las emisoras de radio que se cierran es porque «funcionan fuera de normativa, al no cumplir una serie de requisitos», dijo Evans, defendiendo que los medios de comunicación no pueden «tener una condición de impunidad absoluta».
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, difirió de esa opinión: «Lo que hay es un proceso de achicamiento de los espacios. Hay libertad, pero si tienes línea crítica, tienes consecuencias impensables en otras sociedades con mayores garantías», explicó a la AFP.
En esta «guerra mediática» que opone a los medios oficialistas –que conforman una extensa red– y buena parte de los medios privados, Correa señala que los insultos, descalificaciones y acusaciones en algunos casos muy subidas de tono están a la orden del día.
«Aquí (en Venezuela) se dicen cosas muy duras», dijo, y criticó el hecho de que los medios de comunicación públicos «estén al servicio sólo de una parcela del país», en referencia a los programas oficiales que utiliza el gobierno para difundir la revolución ‘boliviariana’ y criticar a los medios de comunicación opositores.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática, encabezada por el candidato Henrique Capriles Radonski, que aspira a desbancar a Chávez en las presidenciales del próximo 7 de octubre, se comprometió por su parte este sábado a «restituir la señal a RCTV y a las emisoras de radio ilegalmente cerradas» en caso de victoria.
