El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reitero hoy que su Gobierno “está listo para la paz”, siempre y cuando la contraparte de muestras de lo mismo, al tiempo que señaló que seguirá la mano dura para combatir el terrorismo y la delincuencia.
“Estamos listos a esa paz, siempre y cuando la contraparte sienta lo mismo y se comprometa con lo mismo”, señaló Santos desde Neiva, capital del departamento del Huila (sur occidente) que hoy celebró sus 400 años de fundación.
El mandatario señaló que el país andino “tiene un Presidente que está empeñado en que la paz llegue a Colombia. Una paz, pero no a cualquier precio. Una paz que realmente reconcilie a los colombianos y que nos permita avizorar el futuro con mucho más optimismo”.
Remarcó que como lo ha dicho en otras oportunidades, a la paz se llegará “por la razón o por la fuerza”.
Indicó, además, que su Gobierno sigue firme en aplicar “mano dura” para combatir con decisión el terrorismo y la delincuencia.
“Nuestra tarea es ahora perseverar, mantener el rumbo y no bajar la guardia ni un solo milímetro en la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia”, indicó Santos.
La víspera, Santos aclaró que el marco con las bases jurídicas para una salida negociada al conflicto armado que estudia el Congreso no contempla indultos ni amnistías ni que los jefes guerrilleros puedan ejercer cargos públicos una vez alcanzada la paz.
“Nuestra tarea es ahora perseverar, mantener el rumbo y no bajar la guardia ni un solo milímetro en la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia”, indicó Santos.
Santos puntualizó que los líderes guerrilleros “no serán objeto de la renuncia de la acción penal”, y aseguró que el proyecto “no dice nada sobre la posibilidad de la participación política de los cabecillas de la guerrilla”.
Además, agregó, “pueden tener la absoluta tranquilidad de que los miembros de la Fuerza Pública contarán, como debe ser, con las garantías jurídicas necesarias. ¡No los voy a dejar solos!”.
El Marco es un instrumento de justicia transicional enfocado en los actores del conflicto armado interno (las guerrillas Farc y ELN, y la fuerza pública) para ponerle fin a medio siglo de violencia en Colombia.
La iniciativa ha sido blanco de críticas de la organización Human Rights Watch (HRW) y del expresidente derechista Álvaro Uribe, que coinciden en señalar que puede fomentar la impunidad.
