Con la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Viviendas, se corre el riesgo de vulnerar los derechos ciudadanos a la propiedad y el trabajo; además de la disposición de las ciudades, tal como se establece en el Plan de Desarrollo Urbano Local de una zona.
El tema fue analizado por los abogados Miguel Mónaco y Emilio Urbina, quienes junto con el arquitecto Wilmer González, expusieron sus consideraciones sobre el nuevo instrumento, durante una jornada de discusión en el Colegio de Abogados del estado Lara, este miércoles.
Destacan las consideraciones de Mónaco, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, quien ve con preocupación como el nuevo instrumento establece la posibilidad para la declaración de zonificaciones aisladas, una acción que puede dar paso a cambios en el PDUL de una zona determinada sin la necesidad de hacer las consultas necesarias o hacer los estudios correspondientes para saber sobre la suficiencia de los servicios.
“La declaración es un mecanismo a través del cual se modifica la zonificación para construir viviendas, que puede llevar a otras consecuencias como la afectación de proyectos que ya se encuentren en curso. De no ser estos habitacionales sino comerciales, se corre el riesgo de paralización si la zona donde se construyen es declarada como de vivienda, ello aun cuando cuenten con todas las autorizaciones administrativas correspondientes”.
Para el especialista, la espada de Damocles que pendería sobre los proyectos que no sean de vivienda perjudica el derecho al trabajo de los ciudadanos que laboran en esas obras. “Todos tienen derecho a la vivienda, pero igual tienen derecho al trabajo y a la propiedad. El tema está en armonizar para que todos puedan ejercer sus derechos y no se declaren estas zonas de vivir en lugares donde pueden resultar negativos”.
Al ser consultado sobre la situación de la planta de distribución de Empresas Polar, ubicada en terrenos de la Zona Industrial que el Gobierno quiere declarar como zona habitacional, Mónaco explicó que modificar el PDUL puede ser arbitrario y constituiría una acción contraria a los procedimientos establecidos, por cuanto resulta difícil justificar la pretensión de construir viviendas en un área que no se estableció para tal fin y tiene un uso adecuado como locación para una empresa industrial.
“En este caso, cabe preguntarse por qué sí pueden construirse viviendas en otros sitios, donde no existe esa actividad económica generadora de empleos importante para el país, ¿por qué construir allí donde no podría ser viable?”.
Foto: Edickson Durán
