Una buena cantidad de familias, hombres, mujeres y niños, quienes desde hace varios meses permanecían en un toldo «resguardando» un terreno en la parte norte de Yaritagua, fueron desalojados por la Policía de Yaracuy a primera hora de la mañana de este miércoles.
El grupo, que afirma haber sido autorizado por el alcalde del municipio Peña para permanecer en el sitio, se trasladó a la alcaldía a objeto de protestar y exigir la intervención de la primera autoridad municipal para resolver el problema.
Hombres, mujeres y niños tomaron prácticamente la sede de la alcaldía de Yaritagua esperando hablar con Giovanni Parra, lo que no habían logrado hasta las primeras horas de la tarde.
Betsadia Silva, una de las líderes, explicó que en el sector Uvedal, al norte de la ciudad, existe un terreno que, presuntamente, estaba siendo vendido en parcelas, de manera irregular, por un consejo comunal de la zona.
Refirió que en total son unas 500 familias censadas para el proyecto habitacional que piensan desarrollar allí.
«La policía de San Felipe llegó en la madrugada y a golpes comenzó a sacarnos de la carpa, agrediendo a todos, incluyendo mujeres embarazadas y niños, y después recogieron los coroticos que teníamos y se los llevaron, además de tumbar la carpa», dijo.
«Fue una arbitrariedad porque nosotros no estábamos en el terreno sino en la orilla y desde allí lo resguardábamos mientras seguíamos los trámites necesarios para comenzar a construir nuestras casas porque no tenemos donde vivir», dijo Rosa Vargas, madre de cinco hijos.
«Fueron los policías que llegaron de San Felipe, mandados por no sabemos quién, porque nosotros estamos autorizados por el alcalde», precisó.
El grupo también acudió a la Comandancia de la Policía para recuperar cocinas, sillas, colchonetas, ollas y otros utensilios que utilizaban en la carpa para hacer comida y dormir y que se llevaron los uniformados.
Ayer, parte del grupo permanecía al otro lado de la carretera, vigilando para evitar que personas extrañas traten de ocupar el terreno que, según afirmó Betsadia Silva, llevaba años ocioso pues si una vez se habló de un proyecto habitacional, el mismo, aparentemente, había sido abandonado, pero ellos sí desean construir rápido.
En el lugar señalaron una maquinaria que era utilizada por una empresa constructora para nivelar el terreno pero, según afirmaron, también lleva varios años abandonada.
Manifestaron estar dispuestos a seguir en la lucha para, con ayuda o no del gobierno, construir sus casitas en ese espacio hasta ahora desaprovechado.
«Ese terreno es mi única esperanza de tener un techo donde resguardarme con mis dos hijos, porque hasta ahora hemos estado dando tumbos, arrimados o alquilados en ranchos», dijo Josefina Graterol, otra de las afectadas.
Betsadia Silva sigue sin explicarse las razones por las cuales, después de cerca de seis meses en el lugar, de pronto les envían policías a sacarlos de la carpa.
No descarta que en eso esté metida la mano de gente de otro consejo comunal el cual, presuntamente, está haciendo negocios con el terreno pues sin tener propiedad alguna sobre el mismo ha vendido parcelas.
«Y tenemos pruebas de que eso está pasando porque hay personas que les han dado dinero ofreciéndoles garantías de que les entregarán sus parcelas», afirmó Rosa Vargas.
Durante su permanencia en la alcaldía de Peña las familias recibieron la solidaridad de representantes de otros consejos comunales por considerar que es justo su reclamo y un atropello lo que se cometido contra ellas.
Allí surgió el nombre de la diputado Shirley Romero y otros miembros del Consejo Legislativo de Yaracuy que, presuntamente, estarían detrás del desalojo de que fueron víctimas este miércoles por apoyar a otro sector que también está interesado en el lote de tierra.
«Lo que queremos es que el alcalde imponga su posición porque no se justifica que venga gente de otro municipio a dejar sin efecto una autorización que el nos otorgó como primera autoridad del municipio Peña», expresó Silva.
Otra de las presentes también manifestó su disgusto por el atropello de que afirma fueron víctimas por parte de la policía.
«¿De qué nos vale que seamos rojos rojitos, que estemos con el proceso del presidente Chávez si su gente en Yaracuy, en vez de solucionarnos los graves problemas que tenemos por falta de un techo lo que hace es caernos encima como si fuéramos delincuentes?, se preguntó María Ernestina Segovia, quien dijo ser madre de cuatro niños.
Después del mediodía los desalojados de la carpa regresaron a El Uvedal donde están dispuestos a mantenerse en vigilia, levantando otro techo provisional que les permita seguir «resguardando» lo que aspiran sea en poco tiempo un desarrollo habitacional que les permita contar con sus casas.
Fotos: Luis Salazar
