Tras los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fue privada de libertad Susana Sánchez, quien forma parte de la directiva de la Organización Comunitaria de Vivienda La Esperanza, con sede en Acarigua, estado Portuguesa, por presuntamente estafar a un numeroso grupo de familias a las cuales les habrían exigido dinero a cambio de soluciones habitacionales y vehículos, bienes que presuntamente nunca les entregaron. ministeriopublico.gob.ve
En la audiencia de presentación, los fiscales 22 nacional y el 1° del segundo circuito de Portuguesa, Raiza Sifontes y Hankell Escalona, respectivamente, imputaron a Sánchez por presuntamente incurrir en los delitos de defraudación en grado de continuidad y asociación para delinquir, previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Igualmente, los fiscales imputaron los mismos delitos a Sonia Lugo, William García, Carla Querales y Aparicio Fernández; sin embargo, el Tribunal 1° de Control de Portuguesa, donde se llevó a cabo la audiencia, acordó privativa de libertad sólo para Sánchez, quien permanecerá detenida en la sede de la Comandancia de la Policía del municipio Páez, mientras al resto del grupo les otorgó medidas cautelares, que consisten en presentación periódica cada 15 días ante ese despacho, tras considerar que no guardan relación directa con los delitos precalificados.
Los hoy imputados fueron aprehendidos este lunes 21 de mayo, en el centro comercial Metefra, en la ciudad de Acarigua, lugar donde se concentró gran número de afectados para protestar por el incumplimiento de los ofrecimientos por parte de la empresa.
De acuerdo con la información preliminar, la OCV La Esperanza fue creada en el 2002, no obstante, venía siendo investigada desde el 2006 por presuntas irregularidades en todo el territorio nacional.
