La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este martes al gobierno de Venezuela a investigar los violentos sucesos que rodearon la clausura de una cárcel y que generaron una verdadera «crisis de seguridad» en Caracas.
La Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mostró particularmente preocupada en un comunicado por el «contingente de armas de fuego y municiones» en manos de los presos de la cárcel de la Planta, ubicada en el oeste de la capital venezolana.
Según información recibida por la CIDH, al menos dos personas habrían muerto y siete resultaron heridas en varios intercambios de disparos entre reclusos y las autoridades, durante las semanas que duró el proceso de clausura del penal y traslado de los presos, que culminó el fin de semana pasado.
«El hecho de que la población reclusa de La Planta se encontrara armada, que dicho centro penal estuviera superpoblado, y que estuviera ubicado en una zona de Caracas densamente poblada, provocaron una grave crisis de seguridad en esa ciudad durante más de tres semanas», indicó la CIDH.
El gobierno del presidente Hugo Chávez debe investigar los hechos, «sancionar a los responsables del ingreso de armas», «informar acerca del traslado de internos a otros centros penales» y «adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de los reclusos trasladados».
Hasta el momento, el gobierno no ha entregado una lista detallada de los nombres de los presos y a qué lugares fueron llevados, según la CIDH.
Asimismo, la CIDH rechazó que altas autoridades hayan emitido declaraciones que «descalifican» el trabajo de organizaciones de derechos humanos que velan por los derechos de los presos.
La CIDH ha seguido de cerca la situación de las hacinadas cárceles en Venezuela, donde según organizaciones humanitarias mueren unos 300 presos al año, producto de la violencia.
