Una considerable cantidad de campesinos que han tenido o tendrán que abandonar las tierras en las que han trabajado la mayor parte de sus vidas están en desacuerdo con las cantidades recibidas por sus bienhechurías.
Se trata de trabajadores del campo de las 15 comunidades que se encuentran ubicadas en la cuenca del río Yacambú y serán cubiertas por las aguas de la represa en los próximos años.
Entre esas comunidades también se encuentran algunas indígenas que consideran les han vulnerado sus derechos por parte de la empresa del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor pues no fueron tomados en cuenta para el proyecto, ni antes ni en la actualidad, de acuerdo a denuncias formuladas por los diputados Andrés Avelino Álvarez, Arcadio Montiel, Guillermo Palacios y Lorenzo Monasterios, de la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo de Lara.
Para tocar el tema, este viernes se celebró una nueva reunión en las oficinas de la empresa en Sanare, convocada por su presidente, ingeniero Landys Navarro.
Además de Navarro y la abogada Joana Pérez, asistente legal, así como los parlamentarios, asistieron representantes de los campesinos y los peritos de avalúos, entre otros, notándose la asistencia de representantes del Ministerio de los Pueblos Indígenas y de Inparques, pese a estar ambos organismos involucrados en el tema.
Mientras en la sala de conferencias se celebraba la reunión, frente a las oficinas se encontraban numerosos campesinos pertenecientes a las comunidades afectadas por la represa.
El ingeniero Navarro dio explicaciones sobre el proyecto y en cuanto a las reivindicaciones exigidas por las llamadas comunidades indígenas de la zona dijo que primero habría que precisar su existencia.
Dijo que la empresa ha cumplido con los campesinos de acuerdo a la ley y se mostró de acuerdo con la reconsideración de algunos avalúos.
“Si es necesario hacer reconsideraciones o ajustes se hará, siempre de acuerdo a la ley pues no hay intención en la empresa de perjudicar a las familias afectadas”, expresó.
Consultado sobre si las denuncias que se han venido haciendo con respecto a la supuestas indemnizaciones muy por debajo de las aspiraciones de los dueños de los predios afectaría la continuación del proyecto, respondió negativamente.
Informó que la empresa ya canceló unos 67 millones de bolívares a 420 familias pertenecientes a 15 comunidades y que sólo quedan pendientes los casos de 15 familias que no han recibido sus indemnizaciones pero se espera lograr con ellas acuerdos amigables.
Reiteró que se están estudiando los casos de 19 familias que afirman ser indígenas para decidir lo que se hará, pero enfatizó que primero sería necesario definir si en realidad lo son.
Al intervenir el antropólogo Pedro Pablo Linares, del Consejo Indígena del estado Lara, dijo que el problema data de los años 70 y que, de acuerdo a sus investigaciones, no cabe duda que en Yacambú ha habido comunidades indígenas.
Citó como prueba la resistencia de los Jiarajaras, así como a los Goyones y llamó a precisar cuáles son las comunidades indígenas que se encuentran en el área del embalse.
En representación de los campesinos intervino López Alvarado, quien aclaró que ellos no se oponen al proyecto ni si los problemas corresponden a la cuarta o a la quinta república pues lo único que les interesa es que se les reinvique de acuerdo a la Ley de Expropiación por Causa de Justificación Social.
Dijo que en el caso de las siembras de café hubo irregularidades en los avalúos por lo que los agricultores resultaron afectados.
El diputado Guillermo Palacios pidió la reconsideración de los avalúos e informó que en la comisión indigenista de la Asamblea Nacional existen 400 expedientes de campesinos afectados por las expropiaciones.
“Las tierras y los derechos de esos campesinos no fueron bien justipreciados y por lo tanto se hace necesario revisar los expedientes instruidos”, expresó.
También el diputado del CLEL pidió que se le pague a los agricultores afectados por los desalojos o expropiaciones lo que en realidad les corresponde.
Además, exigió que a los indígenas de Yacambú se les debe garantizar su permanencia en las tierras donde han vivido siempre.
También asistió el perito avaluador Rafael Hernández, quien defedió el trabajo realizado pues, afirmó, siempre ha actuado apegado a la legalidad.
En la reunión, igualmente hablaron los diputados regionales Reina Orellana, Nereida Sosa y Orlando Miranda.
En la calle, varios campesinos, entre quienes estaban María Pascuala Lovera, María Enma Goyo, María Pérez y Benedicto Silva, procedentes de La Gran Parada, declararon a El Impulso su inconformidad con el SHYQ.
Afirmaron que a unos le pagaron muy poco y a otros nada, e incluso dijeron que muchos de los que cobraron apenas tenían poco tiempo establecidos en el sector.
“A mi papá lo obligaron a salir a puro plomo, los de Inparques, porque no quería firmar”, dijo María Goyo.
“A nosotros nos pagaron las maticas de café a precio de gallina flaca, y a unos no les dieron nada”, manifestó Silva.
Esperan la reconsideración de los avalúos para que les den lo que les corresponde.
“Nosotros nacimos y nos criamos ahí y ahora nos mandaron pa’ otra parte, a mí para Quíbor, pero no me acostumbro porque en la ciudad uno no puede trabajar la tierra como allá en el campo”, manifestó una de ellas.
“Nos están sacando a juro, y el que no quiera le meten la guardia hasta que tiene que irse porque sí”, expresó otro.
Ante la presencia de los periodistas, cada quien se acercaba a exponer su caso, todos inconformes con lo que recibieron.
“A mí me dieron veinte bolos que no me alcanzaron para nada y ahora no se qué hacer porque lo de la reubicación en otras tierras tampoco lo han cumplido y ahora andamos del tumbo al tambo”, dijo Belarmino Sánchez.
¿Será que de verdad van a revisar los casos para darnos más platica, o que nos dejen en la zona de Yacambú donde siempre hemos vivido?, se preguntó otro.
Con ciertas esperanzas de que podrán seguir trabajando la tierra en las montañas de Yacambú, algunos se retiraron llevándose también las promesas de los parlamentarios de que seguirán reclamando los derechos que les corresponden como viejos pisatarios de la zona.
Igualmente prometieron volver a Sanare cuando se celebre la próxima reunión para tratar el problema de los avalúos y de los territorios indígenas pues afirmaron estar dispuestos a seguir en la lucha que consideran justa.
Fotos: Billy Castro
