El motín que finalizó el jueves en una cárcel caraqueña es un claro reflejo de un sistema penitenciario que perdió el control sobre los presos, quienes, organizados alrededor de un ‘pran’ (líder), hicieron de los penales centros de operaciones ilegales y lucrativas, según expertos.
«Definitivamente, en todas las cárceles del país, salvo las femeninas, existe un ‘pran’ que es el jefe del centro o de una determinada área y que tiene un equipo de ‘luceros’, que son como sus ministros», explicó a la AFP Carlos Nieto Palma, responsable de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Esta figura, que emergió en las prisiones venezolanas unos cinco años atrás, es encarnada por delincuentes que ya eran conocidos por su peligrosidad cuando estaban fuera y una vez en prisión, en «relación directa» con los funcionarios y el poder de las armas, crean ‘mini-Estados’ centrados en el lucro, según Nieto.
«Manejan sumas de dinero impresionantes: cobran las causas, que es una especie de alquiler por la celda, así como otros servicios a los reos, y además desde la cárcel organizan robos, extorsiones y hasta secuestros», dijo Nieto, cuya ONG vela por el respeto de los derechos humanos de los presos.
El negocio cuenta con el apoyo activo de los funcionarios quienes «facilitan las armas» y es tan lucrativo que los pranes y sus secuaces «no quieren muchas veces ni salir fuera. Es una gran infraestructura, que funciona incluso en coordinación entre pranes de diferentes prisiones», agregó.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, en su último informe anual, coincide con ese diagnóstico: «El control pasó a ser ejercido por la población reclusa (…) Son los internos, comandados por líderes negativos quienes, en la práctica, deciden e imponen la dinámica del penal», señala.
En la cárcel caraqueña de La Planta, por ejemplo, donde las autoridades trasladaron el viernes a los últimos presos después de tres semanas de resistencia armada, había cinco ‘pranes’ que controlaban los pabellones del centro y que se enfrentaron a las autoridades y a otros presos en fuertes tiroteos.
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, indicó el viernes que «la única explicación» al rechazo de los reos a ser trasladados era porque «perderían su negocio», admitiendo el papel desempeñado por los funcionarios.
Los reos «son el eslabón más débil de la cadena de corrupción en el comercio de armas y de drogas en los recintos penitenciarios», dijo Varela, mostrándose determinada a incautar todo el armamento en poder de los reclusos.
«Eso no se negocia, las armas son del Estado y nosotros estamos aquí para poner orden, para recuperar y combatir mafias de décadas», dijo.
Pero Humberto Prado, responsable del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuestionó el traslado de unos 1.600 presos de La Planta, con una capacidad de 350 personas, a otros centros igualmente hacinados y en manos de otros pranes.
«Ahora con las fotografías (del traslado) todos son vencedores pero en un mes pueden desatarse nuevos problemas. Una de las cosas que las autoridades deberían tener en cuenta es la relación entre los líderes de La Planta y los de los centros a los que serán trasladados», aseguró.
Tras la operación que en junio de 2011 acabó con un motín en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, con un saldo de al menos 25 muertos, el gobierno creó el ministerio de Servicios Penitenciarios para tratar de hacer frente a la crisis en las prisiones, donde mueren unos 300 presos cada año.
«Las autoridades deben retomar el control, pero eso pasa por un personal con manos limpias y solucionando el problema del hacinamiento, porque ahora hay un funcionario por cada 50 reos cuando los estándares internacionales fijan uno por cada diez», dijo Prado.
Actualmente hay casi 50.000 reclusos en Venezuela para una capacidad de 14.000. Según el Observatorio, sólo 30% de los internos fueron condenados, mientras el resto espera aún una sentencia.
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