Con la decisión de intervenir la empresa Tracto América, murió la posibilidad de que en el país se ensamblen tractores de la marca Massey Ferguson.
La información fue corroborada por el gerente de maquinaria de la empresa, Gabriel Vargas, quien señaló que desde hace varios meses se habían afinado todos los detalles para que el Gobierno participara de esta fábrica nacional. “En principio había un convenio para ensamblar tractores Massey Ferguson en Venezuela, pero eso se truncó porque el Gobierno intervino la empresa”.
Desde antes de la intervención se había instalado una valla donde se anunciaba la creación de una “planta de tractores agrícolas en ejecución al convenio de alianza estratégica, suscrito en el Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, en el impulso de la soberanía agroalimentaria y la industria agroindustrial del parque automotor venezolano”.
Contó Vargas que con la intervención se pierde el esfuerzo realizado, por cuanto la gerencia de Tracto América es la única autorizada en Venezuela para ensamblar tractores Massey Ferguson. “Este proyecto significaba la disminución de las importaciones de maquinaria agrícola, además que disminuiría los costos y aportaría fuentes de empleo para la mano de obra calificada del país”.
Destino incierto
Los trabajadores de Tracto América siguen sin conocer cuál será el destino de la organización.
Productores agrícolas y demás clientes de la empresa preguntan quién responderá por los convenios suscritos con la gerencia, o si el Estado asumirá las cargas económicas de la organización.
Por el momento, los trabajadores se encuentran cumpliendo horarios pero no desempeñan ninguna función. “Estamos esperando una decisión del Gobierno. No nos han cancelado la quincena, pero dicen que el pago vendrá a finales de esta semana”.
Vale destacar que Tracto América fue intervenida por presuntos ilícitos cambiarios, y acciones irregulares concernientes al uso de divisas. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la medida correspondió a una retaliación por cuanto la empresa se negó a ceder al Estado el 60% de sus acciones.
Desde entonces, el Ejecutivo Nacional autorizó a una Junta Administradora, mediante Gaceta Oficial 39.912, “las más amplias funciones y atribuciones para administrar, supervisar y controlar las actividades de la sociedad mercantil hasta que finalice la ocupación”.
Foto: Emanuele Sorge
