La apertura de una investigación sobre el secuestro y tortura perpetrada contra los únicos condenados por el caso Anderson, Juan, Othoniel y Rolando Guevara, solicitó al Ministerio Público la abogada y esposa de este último, Jackelyn Sandoval.
La jurista se basó en las recientes declaraciones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Alvaray, quien confirmó esta versión que ya había sido denunciada por las propias víctimas durante el juicio que se les siguió en 2005, y por su defensa en una solicitud formal realizada en 2008 antela Fiscalía.
«Venimos con ocasión de las declaraciones del ex magistrado, quien señaló que al día siguiente de la muerte del fiscal Danilo Anderson se hizo una reunión entre personeros del alto gobierno y se dió una orden de muerte contra las personas presuntamente involucradas en este caso», explicó la abogada.
Lo que ocurrió
Ya han pasado cuatro años desde que fue formulada la última denuncia y hasta ahora el Ministerio Público no ha dado ninguna respuesta.
Cabe recordar, los hechos datan de los días subsiguientes al 18 de noviembre de 2004, cuando una bomba colocada en el chasis de su camioneta le quitó la vida al funcionario de Ministerio Público que tenía a su cargo investigaciones como la de los hechos de abril de 2002 y los firmantes del llamado decreto Carmona.
«Los cuatro fueron secuestrados», resaltó Sandoval.
Los hermanos Rolando y Othoniel aparecieron a los tres días en una zona apartada cercana a la ciudad de Valencia. Su primo Juan Bautista fue «detenido ilegalmente dentro de su propia casa por parte de efectivos del CICPC y aparece 8 días después en el estado Portuguesa», explicó la abogada.
Lo que contaron los presuntos autores materiales de la muerte del fiscal durante el juicio, es que durante todo ese tiempo se encontraban en la sede de la antigua DISIP, en el Helicoide, a donde fueron conducidos encapuchados para ser interrogados y torturados.
«Estamos frente a la comisión del artículo 180 del Código Penal, que nos habla de la desaparición forzada», manifestó Sandoval.
El caso de Juan Carlos Sanchéz es diferente, puesto que éste murió en circunstancias irregulares que fueron explicadas oficialmente como un presunto enfrentamiento que se habría producido en el momento en que iba a ser detenido en el hotel Eden de Barquisimeto. La versión extraoficial es que no soportó la tortura propinada por efectivos del cuerpo de inteligencia.
Aunque se abrió un expediente formal sobre esta muerte, el mismo estuvo a cargo de la ex fiscal 39° nacional, Turcy Simáncas, quien cerró el caso invocando el móvil del enfrentamiento policial. No obstante, Sandoval interpuso una querella a nombre de la familia de la víctima y logró quela Fiscalíareabriera la investigación con un nuevo fiscal, que actualmente transcurre en un tribunal del estado Lara.
Dos confesiones «calificadas»
No solamente el ex magistrado dela Sala Constitucional, acusado en 2006 por corrupción y asilado en Costa Rica, habló sobre las irregularidades en el proceso judicial que involucró a los presuntos homicidas de Anderson. También el fiscal Hernando Contreras señaló «que existió una reunión donde se ordenaron estas muertes».
Mientras Velázquez Alvaray achacó la responsabilidad del asesinato de Anderson al entonces vicepresidente José Vicente Rangel, Contreras destapó el escandalo del forjamiento de las actas procesales y el montaje dirigido presuntamente por el ex fiscal general, Isaías Rodríguez, del testimonio de Giovanny Vázquez.
«Tenemos dos declaraciones para nosotros calificadas», señaló Jackelyn Sandoval.
Foto: Oswaldo Azuaje
