Las cárceles del continente son escenario frecuente de una «violación sistemática» de los derechos humanos, con problemas crónicos como hacinamiento, falta de servicios básicos y corrupción, afirmó este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras «décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos (…) y de la apatía de las sociedades», en las prisiones de la región imperan «la arbitrariedad, la corrupción y la violencia», según el primer informe divulgado por la CIDH sobre el estado de las cárceles.
La Comisión, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que cuando las cárceles no reciben la atención ni los recursos necesarios, «se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación».
El hecho de que los reos están en «una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto, ha significado frecuentemente que las condiciones en las que se mantiene a estas personas se caractericen por la violación sistemática de sus derechos humanos», señaló.
Pero el problema más grave sigue siendo el hacinamiento, que afecta a «la absoluta mayoría de los países de la región». El tema no es nuevo: la CIDH indicó que desde hace 45 años viene advirtiendo del flagelo.
Los altos índices de violencia carcelaria son preocupantes, dijo la CIDH, que destacó el caso de Venezuela, donde los niveles serían «alarmantes», con 1.865 muertos y 4.358 heridos a causa de motines, riñas y peleas entre 2005 y 2009.
Pero la Comisión recordó que ha denunciado también hechos graves de violencia desde 2004 en otros países, como Brasil, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Argentina y México.
Muchas de las muertes en las cárceles son por falta de «atención oportuna» de las autoridades en situaciones críticas como incendios, lamentó la CIDH, que reiteró que los Estados tienen la obligación de velar por los derechos de los presos.
En los últimos años la Comisión ha lamentado decenas de muertos en incendios graves en República Dominicana, Argentina, Uruguay, El Salvador, Chile y Panamá, y en su último periodo de sesiones en marzo, dedicó una audiencia a uno de los sucesos más luctuosos: el incendio que dejó 361 muertos en la cárcel hondureña de Comayagua el 14 de febrero pasado.
De particular preocupación para la CIDH es el hecho de que en Honduras, Colombia, México, Bolivia, Guatemala y Paraguay existan cárceles que carecen de control efectivo de las autoridades y se presenten «autogobiernos», donde los presos en la práctica dirigen la parte operativa de los centros de reclusión.
Mientras, en El Salvador las pandillas dirigen sus actividades delictivas, como homicidios y extorsiones, desde las cárceles.
La utilización de la tortura es empleada con fines de investigación criminal en países como México, Paraguay, Ecuador y Brasil, aunque el «ejemplo paradigmático» en la región es la cárcel estadounidense en Guantánamo, isla de Cuba.
Otros problemas presentes en las cárceles de la región son la falta de servicios básicos, el uso excesivo de la fuerza de las autoridades, la proliferación de la detención preventiva y la carencia de programas educativos y laborales, resumió la CIDH.
Entre sus recomendaciones, el informe pide a los gobiernos adoptar políticas penitenciarias integrales tendientes a rehabilitar a los presos, asegurar el control efectivo de los penales, investigar la corrupción de las autoridades administrativas y garantizar que las órdenes de libertad se cumplan.
Desde 2004, la CIDH posee una relatoría dedicada a las personas privadas de libertad, que ha realizado 20 visitas de trabajo a 15 países del continente hasta la fecha.
