De acuerdo con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, las actuaciones del gobernador en torno al decreto para la reconducción del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de este año enla Gobernaciónde Lara y de su Plan Operativo Anual (POA), deberán ajustarse a lo establecido enla Constitucióndel estado,la Leyde Administración Financiera del Poder Público yla Ley Orgánicade Planificación Pública y Popular.
Esta decisión, a cargo de la doctora Marilyn Quiñones, obliga al mandatario regional a presentar lo más pronto posible tanto el presupuesto como el POA ante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Cepcpp) para que con la aprobación de este organismo ambas planificaciones de recursos puedan ser remitidas hasta el Consejo Legislativo, para ser discutidas y aprobadas por los diputados, tal como lo han solicitado los integrantes del organismo del Poder Popular.
El diputado Orlando Miranda, presidente del Consejo Legislativo, explicó que la sentencia suspende los efectos del artículo 1, referido a la determinación de las normas y principios en los cuales debía regirse la elaboración, presentación y modificación del proyecto de Ley de Presupuesto; además de cinco artículos del Reglamento Parcial Nº 2 dela Leyde Administración Financiera, hasta tanto exista una sentencia definitiva sobre el recurso interpuesto por representantes del parlamento hace seis semanas.
“Viene a ratificar la postura asumida por el Consejo Legislativo ante la violación flagrante dela Gobernación, al asumir posiciones que no le correspondían con respecto ala Asamblea Nacionaly haber intentado ejercer competencias indelegables del Parlamento”.
Destituciones incumplidas
El viernes, junto con el diputado Jhonny Narváez, Miranda introdujo ante los tribunales un recurso de abstención contra el mandatario regional, por no tomar en cuenta la decisión de dos tercios de la plenaria del CLEL y destituir a los directores regionales Erick Pérez (de Planificación y Presupuesto), Ana Luisa Angulo (Consultoría Jurídica dela Gobernación) y Nelson Mujica (dela Imprentade Lara), por haber incurrido en presuntas irregularidades en la redacción del Reglamento Nº 2.
Con este recurso, se espera que el tribunal conozca de las violaciones cometidas por el gobernador al incumplir las decisiones del CLEL.
Miranda espera que con estos dos recursos “el pueblo de Lara conozca la situación del Gobierno regional, gerenciado por el actual gobernador, que se encuentra en un estado de ilegalidad”.
Obras sin aprobar
Miranda criticó que el mandatario regional se dedique a anunciar varias obras sin contar con la aprobación del Consejo Estadal de Planificación, entre las cuales mencionó al monumento Manto de María, cuyos trabajos de construcción comenzaron el domingo.
Por ello, llamó al gobernador a apegarse a lo establecido en el marco legal vigente, para así dejar a un lado la “anarquía presupuestaria y financiera”.
Sobre la posibilidad de que Falcón haga caso omiso a lo señalado por el tribunal, Miranda indicó que es responsabilidad del Poder Judicial determinar el procedimiento a aplicar en ese caso.
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