Gran preocupación expresaron los representantes del área inmobiliaria y de la construcción, al conocer las nuevas normas que regularán la preventa, construcción y entrega de desarrollos residenciales en la Ley contra Estafa Inmobiliaria, publicada el pasado miércoles en la Gaceta Oficial Nº 39.912. Las disposiciones contenidas en la normativa persiguen sancionar el delito de estafa y otros fraudes del sector inmobiliario.
El artículo 26 expone que si el constructor tarda más de la fecha establecida en el contrato, deberá indemnizar al comprador con un monto proporcional al tiempo de atraso, con dos unidades tributarias (UT) por cada día de retardo.
Las sanciones pecuniarias para los promotores son igualmente severas, y ascienden a las dos mil unidades tributarias. “Esta norma no contó con la participación de ninguno de los sectores involucrados. Tenemos entendido que los diputados de oposición se encontraban presentes en la discusión de la norma, pero al ver los resultados, nos damos cuenta que la campaña política los ha distraído del enfoque que debía tener la ley”, sentenció la presidenta de la Cámara Inmobiliaria, Shoymei Lau.
La dirigente gremial agregó que las viviendas sin terminar tomadas por el Gobierno jamás fueron concluidas, defraudando a decenas de compradores que invirtieron su dinero con la firme esperanza de obtener un lugar donde vivir. “Era necesaria una reglamentación y por eso dimos aportes para la construcción de una Ley de Preventa Inmobiliaria. Nos preocupan mucho las sanciones que serán aplicadas a los promotores inmobiliarios que se atrasen en las obras, pues esta situación se genera por la falta de permisos e incluso por la escasez de materiales para construir”.
La dirigente gremial hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a que permitan una revisión con la participación de personas especializadas en el tema. “Establecieron un lapso de dos años para terminar las obras. Eso es aceptable en el caso de las viviendas, pero construir un edificio en ese lapso es imposible”.
Lau denunció que la especulación cobra fuerza en la comercialización de materiales de la construcción. “¿Será que los diputados no viven en Venezuela? ¿Cómo es posible que un saco de cemento lo venden en 70 bolívares por saco y la cabilla en 170 bolívares? Es preciso revisar dónde están las viviendas nuevas prometidas por el Gobierno. Estamos esperando las listas del ministerio”.
En los próximos días emitirán un comunicado manifestando su rechazo a la normativa recientemente promulgada.
