La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso que al tiempo que se concrete la salida de Venezuela del Sistema Interamericano, el Estado proponga la creación de un nuevo organismo regional paralelo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cónsono con el concepto de DDHH que maneja el gobierno.
“Se debe crear un Consejo Latinoamericano que agrupe a países de la región y verdaderamente vele por los derechos”, manifestó.
Las declaraciones las ofreció este jueves en el marco del espacio radial que tiene la funcionaria en Radio Nacional de Venezuela, en el cual avaló las razones expresadas por el jefe de Estado para solicitar el retiro de Venezuela del alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus decisiones.
En primero lugar, Ortega compartió la inquietud oficialista sobre la supuesta intervención que atribuyen al gobierno de Estados Unidos, el cual no ha suscrito el Pacto de San José.
“Uno de los fundamentos de ese sistema es promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, además de la seguridad y la paz. Entonces es oportuno preguntarse si está garantizada la seguridad y paz de las naciones cuando la principal potencia militar, protagonista de las principales guerras en el planeta, no puede ser juzgada por los hechos que comete”, manifestó la fiscal general.
“Estados Unidos no ha ratificado dicha Convención (…) Sin embargo (este país) constituye un factor determinante para decidir si a un Estado se le demanda o no”, consideró además Ortega, sin presentar pruebas de esta afirmación.
Así mismo, otra razón por la cual la titular del Ministerio Público considera factible el deseo presidencial de deshacerse del control internacional en materia de DDHH, es la tendencia política existente que sería adversa al proyecto bolivariano, según se desprendería de la ocurrencia de sus decisiones o falta de ellas.
“La CIDH desde su primer informe en 1970 hasta 1983 nunca se pronunció respecto a Venezuela, cuando en el lapso 1958-1998 se registraron innumerables violaciones de los derechos humanos por parte de quienes gobernaban el país, época en la cual existían cámaras de tortura”, dijo.
Pero “desde 1999 esa comisión sí está interesada en Venezuela en una persecución sistemática, cuando actualmente existe un Estado garantista, de respeto y promoción de los derechos humanos, cuando hay una política de defensa de dichos derechos”, expresó Ortega.
Además, recordó que en abril de 2002, “cuando ocurrió el golpe de Estado, la comisión no se pronunció. Fue el 14 de abril cuando se manifestó, luego de restituida la legalidad y el Estado”.
LOT garantista
La titular del Ministerio Público abordó el tema de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, en lo que también coincidió absolutamente con la visión presidencial.
“Tiene un profundo contenido social y recoge el sentimiento de los trabajadores”, aseguró, al tiempo que hizo un llamado a los venezolanos a “impulsarla y fortalecerla”.
Con miras a ello, Ortega indicó que la institución que dirige organizará un plan de jornadas con el fin de llevar al público el conocimiento sobre el contenido de la Ley y sus implicaciones, “el carácter social de ese instrumento legal, las reivindicaciones y los derechos que son reconocidos”.
