Es alarmante ver como estamos aceptando como normal que la delincuencia siga destruyendo nuestra vida cívica. Solo cuando ocurre algún crimen horroroso –en realidad todos lo son- aparece alguien pidiendo castigos muy duros para los delincuentes y para quienes les permiten seguir delinquiendo, incluyendo la pena de muerte por considerarla un remedio definitivo para superar esta situación. A grandes males grandes remedios, afirman en su angustia.
Preguntémonos si la pena de muerte realmente frena el delito pues, al igual que el resto de los seres humanos, el delincuente no es movido únicamente por un cálculo racional de la relación riesgo/beneficio que pueda lograr por una acción, sea delictiva o no. En los USA hay estados donde rige la pena de muerte y otros no, y las tasas de delincuencia no muestran diferencias. De paso, la pena de muerte tiene tiempo aplicándose en Venezuela, ciertamente de manera extrajudicial pero no por ello menos efectivamente y sin que ella haya disminuido la criminalidad.
Hay muchos argumentos en contra de la pena de muerte. Entre ellos, que el condenado no tiene oportunidad de redimirse. Además existe la posibilidad del error judicial, el de condenar a un inocente, algo que no puede remediarse si luego se descubre que era inocente. Si esto ya ha ocurrido en sistemas judiciales reputados como serios, pueden imaginarse que cosas terribles ocurrirían en un sistema judicial tan desprestigiado y politizado como el nuestro donde el montaje de ollas es tan común.
Contra la pena de muerte también se esgrimen argumentos de carácter cristiano: que solo Dios tiene derecho a aplicar un castigo tan extremo. Pero esta es una posición sostenida solo por una parte de los cristianos actuales y hasta hace unos 200 años se aceptaba que muchos obispos aplicaran la pena de muerte y de la peor manera: mediante tortura o quema en la hoguera.
No falta quien argumente que no es justo que la sociedad provea durante muchos años de alojamiento, alimento, vestido, seguridad, salud, etc., a quienes están privados de libertad mientras que sus victimas o el ciudadano común no tiene esos privilegios. Obviamente, quienes conocen como son nuestras cárceles saben que no hay tales privilegios y que con mucha frecuencia el ingreso a un centro penal, aun por una banalidad, es también una probable condena a muerte. El encierro del delincuente se hace no solo para castigarlo sino para proteger al ciudadano que está libre, por eso es tan grave la política actual de no perseguir ni encerrar a los delincuentes.
Queda también el sentimiento de culpabilidad de la sociedad cuando, legítimamente se pregunta si el condenado a muerte no es el resultado directo de situaciones a las que la sociedad no le ha prestado atención y que empujaron al delincuente al delito. Cabe entonces preguntarse si la sociedad tiene los delincuentes que se merece y, si es ella quien los crea, entonces a quien hay que castigar es a la sociedad y no al delincuente. Es un argumento falso pero no es del todo cierto que las personas, aun en las mas duras condiciones, sean empujadas irremediablemente a una vida delictiva, pues siempre hay un margen de libre albedrio, que no es ahogado por factores psíquicos, económicos, sociales o educativos, aunque nadie pueda decir con cuanta fuerza de voluntad cuenta cada individuo para sobreponerse a situaciones terribles. Y de todos modos, a las sociedades no se las castiga, se las transforma para lograr más justicia social y esto hay que hacerlo al mismo tiempo que se castiga el delito.
Para muchos, la pena de muerte para delitos horrorosos remite a la justicia retributiva, justifica la muy antigua Ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente. En cambio, la reinserción social, aun sin libertad o bajo libertad muy vigilada, siempre es posible, y este debe ser el fin último de cualquier sistema penal.
