La decisión del Ejecutivo Nacional de excluir a nuestra nación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es inconstitucional.
Así lo consideran al menos, tres profesionales del derecho que ejercen su actividad como juristas en la región Centroccidental.
Para los abogados, el gobierno debió promover una discusión o en todo caso una consulta popular en torno a la trascendental materia.
Coinciden en que es una arbitrariedad que excluye del marco de protección en materia de derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanos residenciados en esta patria.
La administración de Hugo Chávez, debe desistir de la idea, revisar bien o ponderar porque a criterio de los expertos en leyes, las consecuencias serían muy negativas no sólo para el gobierno sino para el Estado como tal.
Enrique Romero: Retroceso
El presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, Enrique Romero, considera que es una decisión lamentable la asumida desde el Palacio de Miraflores.
“Una decisión de tal trascendencia no puede ser tomada de forma unilateral por el Ejecutivo Nacional. Es inexplicable que se haya asumido esa posición sin consultar ampliamente a la sociedad venezolana. Ningún país que se precie de ser democrático puede estar al margen de la CIDH”.
Sentencia que una vez más se le niega al ser humano la posibilidad de ventilar, ante organismos internacionales, denuncias sobre lesiones a sus derechos fundamentales.
Sin duda, opina, es un retroceso en el avance de los derechos del ser humano que debe promover todo Estado y con ello el gobierno se aísla tomando decisiones desacertadas que afectan sustancialmente.
“El Ejecutivo debería repensar la situación y si considera que los argumentos son muy sólidos, entonces debe someterlos a consideración de la sociedad a través de un referendo, dada la importancia de la decisión”.
José Gregorio Zaá: Arbitrariedad
Para el abogado y docente universitario José Gregorio Zaá, la decisión no es más que una arbitrariedad presidencial producto de los efectos del tratamiento de la quimioterapia a la cual está sometido en estos momentos el jefe de Estado.
“Es una bravuconada presidencial que en nada reivindica el prestigio republicano en el escenario mundial. La tradición histórica de las instituciones democráticas de nuestro país fueron ejemplo no sólo en Latinoamérica sino a nivel mundial en figuras brillantes en el derecho internacional como Asdrúbal Aguilar, Carlos Ayala Corao y Alirio Abreu Burelis.
“El respeto a los Derechos Humanos y acogerse a las normas que trasciende las fronteras de las naciones es principio fundamental de convivencia en el mundo de hoy, apartarnos de manera caprichosa e inmotivada del escenario que rige las relaciones, no depende de deidades presidenciales, más por el contrario, tiene que ser producto de las coincidencias de especialistas en la materia y no precisamente de las asesorías de Nicolás Maduro, quien es un advenedizo en materia de relaciones internacionales”.
Amílcar Villavicencio: Injustificado
La decisión del Ejecutivo implica un llamado a la prudencia en las decisiones estatales y a la ponderación de las consecuencias que esas acciones puedan traer.
Así lo considera el abogado Amílcar Villavicencio al opinar que excluir al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es excluirlo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por ser el órgano judicial de esa instancia internacional.
De la misma manera, subraya que de concretarse la medida, nos privarían del único marco de protección de los Derechos Humanos que tienen los habitantes de América para denunciar vulneración de sus derechos humanos por parte del Estado. “Dicho marco es el sistema interamericano de Derechos Humanos que promociona seguridad ante abusos u omisiones que vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos en el hemisferio”.
Se debería, propone, activar un mecanismo de consulta por el rango constitucional que implica un tratado de derecho internacional, cuyas reglamentaciones tienen plena vigencia en nuestro país.
Filiberto Peña: Desconocen
A mí me parece que el presidente Hugo Chávez desconoce la legislación nacional e internacional cuando amenaza con salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque además de estar contemplado en la Constitución Nacional, es parte de un convenio suscrito por el Estado venezolano.
Así opinó el secretario general de Acción Democrática en Lara, Filis Peña, quien explicó que el proceso para la salida comienza con la denuncia del tratado de DDHH ante la propia corte interamericana, y sería luego de un año que Venezuela podría materializar la salida.
Hasta ahora, dice, ningún país latinoamericano ha denunciado el tratado. Salvo Cuba que no pertenece a este grupo.
“Si Chávez materializa su anuncio los venezolanos quedaríamos desprotegidos en materia de Derechos Humanos y eso le da la arbitrariedad al presidente Chávez de actuar en contra de los propios venezolanos”.
Nuestro candidato Henrique Capriles Radonski ha dicho en interminables ocasiones que él sí respetará los tratados internacionales.
