La ola de rumores que desencadenó la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) comenzó a extinguirse luego de que el presidente de la República, Hugo Chávez, hiciera pública las modificaciones que se realizaron a la normativa más importante del país después de la Constitución nacional.
Con 554 artículos, la nueva LOT plantea beneficios para los trabajadores y algunas nuevas obligaciones en el caso de los empresarios. Sin embargo, la normativa sólo responde a las necesidades de tres millones de venezolanos económicamente activos e ignora a más de trece millones de personas que trabajan por cuenta propia o en la economía informal.
Así planteó el economista y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Gerardo Álvarez, quien ofreció consideraciones preliminares sobre las modificaciones de mayor impacto en el área laboral.
En primer lugar, Álvarez aclaró que la nueva LOT es una norma inconsulta con claros visos políticos. “Tampoco fue discutida en el parlamento nacional por razones estrictamente políticas. Desde el punto de vista jurídico, no tiene asidero legal pues fue aprobada a través de poderes especiales de la Habilitante”.
En términos generales, el economista señala que la reforma tiene aspectos positivos y negativos que inciden en el trabajador y el empleador. “Esta ley no va a beneficiar a toda la fuerza laboral del país, pues excluye a los trabajadores por cuenta propia, a quienes tienen contratos colectivos y trabajadores informales”.
En cifras, los beneficios aprobados por el Ejecutivo sólo amparan a tres millones de personas que se encuentran debidamente activas en empresas consolidadas. “Cinco millones de venezolanos que viven en la economía informal no obtuvieron ningún beneficio. El alcance de las modificaciones realizadas y las excesivas cargas económicas agravan los problemas de desempleo, pues el criterio de selección del empleador será más riguroso. Probablemente las empresas van a disminuir la absorción de personal desocupado; por ende, aumentará la tasa de desempleo, afectando sobretodo a quienes buscan trabajo por primera vez”.
A juicio de Álvarez las mujeres en edad fértil serían las primeras en ser descartadas, debido al aumento del permiso postnatal y las nuevas obligaciones para las madres lactantes.
Otra de las amenazas que se cierne sobre el país es la disminución del Producto Interno Bruto (PIB), el cual podrían descender entre un 15 a 20% a causa de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. “El empresario tendrá dos alternativas. No abrir su negocio el día sábado o incrementar sus gastos de nómina”.
En este aspecto, Álvarez agregó que más allá del impacto económico la reducción de la jornada laboral representa sin duda un beneficio para los trabajadores, quienes merecen dos días de descanso a la semana. “Como venezolano considero que el empleado que trabaja ocho horas diarias necesita dos días de descanso, sin que afecte la productividad de la empresa”.
Ley inaplicable
La presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, Maryolga Girán, señaló que la nueva LOT no está diseñada para los pequeños y medianos empresarios o comerciantes, sino para las grandes corporaciones del país. “Seguramente la normativa está llena de buenas intenciones pero no tiene sustentabilidad dentro de los emprendedores, pequeños empresarios o vendedores. Para este grupo será una ley imposible de cumplir”.
En este contexto, Girán coincidió con Álvarez en que no se generaron estímulos para la creación de nuevas fuentes de empleo o inversiones. “No necesitamos encarecimiento de la nómina sino creación de nuevas fuentes de trabajo. Cada día se hára más pequeño el núcleo de la población que esta ley va a beneficiar”.
Con respecto a la retroactividad de las prestaciones sociales, la especialista en materia laboral destacó que se está conservando el régimen actual, demostrando que es un sistema válido y nada perverso para los trabajadores. “Los pasivos laborales del Estado son responsabilidad única de este Gobierno porque no fueron heredados sino que pertenecen a su administración”.
Aunque el Presidente de la República aprobó la reforma aún no se ha dicho la última palabra. Será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que tendrá la facultad para revisar el instrumento legal y realizar las observaciones pertinentes para su vigencia y posterior aplicación.
Sector industrial en desventaja
El presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales, Luis Marín, señaló que la reducción de la jornada laboral incide directamente en el sector industrial. “Esta medida nos pone en desventaja con respecto a otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile o Colombia, cuyas jornadas de trabajo se encuentran por encima de las 40 horas”.
Explicó el empresario que aun cuando no han podido revisar del todo las modificaciones, las industrias de Lara ya poseían importantes beneficios para sus trabajadores. “Las empresas del ramo industrial que tienen contratación colectiva no sufren tantas consecuencias con el tema de los beneficios. Quisiéramos que el Gobierno sea responsable con sus obligaciones, pues por un lado se incrementa el lapso postnatal, pero por otro, el Seguro Social no paga a tiempo los reposos”.
Marín cuestionó el tratamiento que se le dio a la reforma de la LOT, por cuanto los rumores causaron un clima de inestabilidad y zozobra en el sector empresarial. “Sin duda se pudo haber minimizado el impacto que se creó en torno a la ley, pues había muchos rumores sobre jornadas y beneficios impagables. Creó mucha incertidumbre y un ambiente no sano para la inversión”.
Por otra parte, Marín instó al Ejecutivo a revisar el funcionamiento del Ministerio del Trabajo y sus inspectorías, en aras de que ofrezcan un servicio acorde a las necesidades de las empresas y sus trabajadores. “Se prorrogó el tiempo de las acciones a 10 años. El problema no son los lapsos, sino la tardanza de esos reclamos en los tribunales e inspectorías del trabajo producto del colapso de estas instancias”.
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