El Gobierno de Estados Unidos consideró hoy que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, enviará una “mala señal” sobre el respeto de los derechos humanos en su país si cumple su anuncio de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sería profundamente lamentable si Venezuela decidiera alejarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideramos una organización eficaz y única en el hemisferio”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner en su conferencia de prensa diaria.
Toner recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, “es un organismo multilateral”, y “sus naciones miembros se han comprometido a promover y proteger los derechos humanos”.
“Por tanto, sería simplemente lamentable que Venezuela abandonara la CIDH. Enviaría una mala señal”, subrayó.
Chávez pidió el martes instalar el Consejo de Estado para que evalúe la retirada “de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, al asegurar que es “un mecanismo que usa Estados Unidos” contra su país.
“Bastantes razones tenemos, bastantes, desde hace mucho tiempo”, añadió Chávez, quien argumentó que Venezuela tiene que “seguir reivindicando y construyendo la plena independencia nacional”.
Venezuela ha acusado repetidamente a la CIDH de estar sesgada en su contra y ha negado sus peticiones de visita al país desde 2002, por considerar que respaldó el intento de golpe de estado contra el Gobierno de Chávez en abril de ese año.
El pasado 27 de marzo el representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, advirtió en una audiencia ante la CIDH que su país iba a abandonar el organismo si no cesaba en sus “denuncias infundadas”.
En su último informe anual, divulgado el 9 de abril, la CIDH consideró que Venezuela, al igual que Colombia, Cuba y Honduras, necesita mejorar urgentemente su respeto a los derechos humanos.
Según el informe, en Venezuela hay “situaciones estructurales” como las modificaciones normativas, “que afectan el goce de los derechos humanos”, entre las que cita la Ley Habilitante, que concede poderes especiales al presidente durante 18 meses.
Además, menciono la “fragilidad del poder judicial y su falta de independencia e imparcialidad” y el “uso abusivo del derecho penal” para obstaculizar la labor de los activistas en Venezuela.
