El gobierno español advirtió el miércoles que «vigilará» que Bolivia pague un «justiprecio» por la expropiación de Transportadora de Electricidad, filial de la española Red Eléctrica Coporación (REE), aunque aseguró que esa medida no tendrá ningún «efecto relevante» en las cuentas de la compañía.
«El gobierno español va a vigilar y va a atender en lo que es efectivamente la asistencia al justiprecio en estas inversiones», afirmó el ministro español de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas.
De Guindos quiso así, en la primera reacción de Madrid tras la decisión boliviana, lanzar un mensaje de firmeza ante lo que constituye la segunda expropiación a una empresa española en 15 días en América Latina, aunque la envergadura de la iniciativa boliviana no sea comparable a la nacionalización en Argentina del 51% de la petrolera YPF, filial de la española Repsol.
El aporte de la boliviana Transportadora de Electricidad «a las cifras de negocios del grupo Red Eléctrica Corporación es de un 1,5%», por lo cual «no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados» del grupo, afirmó la empresa española en un comunicado.
«Está pendiente la fijación del procedimiento por el que se llevará a cabo esta nacionalización y el modo en el que se fijará el precio de la participación que el grupo REE mantenía» en TDE, cuya evaluación se hará en los próximos seis meses, según el decreto de nacionalización de TDE anunciado el martes el presidente boliviano Evo Morales.
REE, a través de Red Eléctrica Internacional (filial encargada de inversiones en el exterior), compró en 2002 el 99,94% de TDE por unos 89 millones de euros.
En 2011, REE, de la que el Estado español tiene un 20%, ganó 45,7 millones de euros por su negocio internacional, apenas el 3% del conjunto de la empresa, y la mitad procedió de la actividad en Bolivia, por lo que «el impacto es asumible», dijo el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, a la cadena pública de información continua «24 horas».
YPF, por su lado, supuso en 2011 el 25,6% del resultado de explotación de Repsol, el 21% de su beneficio neto y el 33,7% de sus inversiones.
La repercusión económica sin embargo parece pesar menos en el caso boliviano que el mensaje que se perfila de pérdida de seguridad jurídica en América Latina para las inversiones españolas, tras el percance en Argentina, donde el 16 de abril el gobierno anunció la expropiación de casi toda la participación de Repsol en YPF (que pasará de 57,4% a 6,4% del total).
«Acciones de este tipo envían una señal negativa a los mercados sobre el clima de negocios para invertir en Bolivia. Confiamos en que las autoridades bolivianas cumplan sus compromisos de inversión con España y garanticen una compensación rápida y adecuada», subrayó el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy.
«Hemos invertido mucho dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y hemos arreglado muchos problemas económicos de estos países para que ahora nos traten de esta manera», se quejó el vicepresidente de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández.
Fernández pidió una respuesta «más contundente» de Madrid porque «luego podrían venir otros países, como Ecuador o Venezuela», con gobiernos que ostentan agendas nacionalistas.
«El gobierno español ya debe tomar nota y realizar una acción mucho más proactiva», recomendó el asesor en relaciones internacionales Francisco Pineda Zamorano a la radio pública; y columnistas de diarios españoles creen que la tibia respuesta española a Argentina ha envalentonado a Morales, que ha usado la expropiación como forma de afianzarse políticamente en un momento difícil.
«Por desgracia, se extiende por América Latina la idea de afianzar regímenes carismáticos a costa expoliar propiedades privadas o de otros países», escribió El País en su editorial.
Morales promulgó la medida en medio de protestas de sindicatos obreros en La Paz y varias ciudades de Bolivia por un incremento salarial superior al 8% y de médicos y paramédicos que rechazan un decreto que sube la jornada laboral de 6 a 8 horas.
«Pienso que no hay por qué alarmarse en general» por la inversión española en América Latina», dijo Pineda, quien no obstante lanzó una advertencia.
«Hay que tener algún elemento de cuidado en relación a lo que significan los procesos electorales que se van a vivir en los próximos meses y años en América Latina, que son propensos a este tipo de acciones por parte de los gobiernos, que van a intentar venderlo como un resfuerzo de su política nacional», indicó.
