Las denuncias del ex Eladio Aponte, destituido por presuntos lazos con el narcotráfico y quien develó supuestos nexos de altos funcionarios con la droga, «no son suficientes para iniciar una investigación», dijo este juevesla Fiscal General, Luisa Ortega.
«La Fiscal General dela República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que las declaraciones ofrecidas fuera del país por Eladio Aponte no son suficientes para iniciar una investigación en Venezuela, porque existe un procedimiento establecido (…) para la formulación de denuncias», reza una nota de prensa del Ministerio Público.
Según Ortega, que también destacó que el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia «tuvo oportunidad de formular esos señalamientos antes de sustraerse de la justicia» local, Aponte «tiene que venir a Venezuela a formular las denuncias».
La semana pasada, Aponte reconoció en una entrevista el daño que causó al sistema judicial de su país al admitir favores a funcionarios del gobierno vinculados con la droga y la guerrilla, en unas declaraciones que causaron gran revuelo en Venezuela.
El ex juez, de 63 años, señaló en sus declaraciones al ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, al jefe dela Cuarta División Blindada del Ejército, general Cliver Alcalá, entre otros altos funcionarios del gobierno venezolano.
Además, aseguró que recibía «órdenes desde la presidencia para abajo» para «favorecer y manipular casos».
Aponte fue destituido el 20 de marzo porla Asamblea Nacional ante acusaciones de que había suministrado credenciales a Walid Makled, un presunto narcotraficante descrito por la justicia estadounidense como «un capo de los capos de la droga».
Venezuela pidió la semana pasada que Interpol emita una orden de captura en contra del ex juez, que viajó de Costa Rica a Estados Unidos hace unos días en compañía de agentes de la agencia antidrogas DEA, con la que podría estar colaborando.
Este jueves,la Fiscal dijo que Aponte se pudo ir del país antes de ser acusado por «un privilegio» que tienen los altos funcionarios y del que aún no había sido despojado. Ortega también negó que la institución que dirige presione a jueces para lograr condenas que favorezcan al gobierno, como había denunciado Aponte.
