El gobierno español mantiene la presión sobre el ejecutivo argentino a nivel internacional pero, más que exigir que dé marcha atrás en su decisión de expropiar YPF, busca obtener una compensación económica para Repsol y salvar los estrechos lazos entre ambos países.
Tras afirmar la semana pasada que la expropiación de la petrolera por Buenos Aires era «una decisión hostil», el ministro de Industria español, José Manuel Soria, suavizó el tono el martes, subrayando el deseo de Madrid de «mantener las mejores relaciones con todos los gobiernos, incluido el de Argentina».
Esto «no impide que, obviamente, el gobierno de España defienda los intereses de las empresas españolas allí donde estén», agregó ante el Parlamento.
En la misma línea se había expresado la víspera el canciller José Manuel García-Margallo en una reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores en Luxemburgo, donde defendió la postura de su país ante la expropiación a Repsol del 51% de las acciones de su filial YPF, privatizada en 1999.
«No se discute el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética», afirmó. «Lo que se discute es que pueda expropiar sin pagar», agregó, amenazando con dejar a Buenos Aires fuera de la negociación comercial entre Unión Europea y Mercosur si no entra en razón.
Sus socios europeos parecen compartir este deseo de negociación, según manifestó el vicepresidente dela Comisión Europea y responsable de Industria, el italiano Antonio Tajani, durante una visita el martes a Madrid.
«Nosotros no estamos en contra de Argentina. Los argentinos son hermanos para nosotros, pero deben respetar los pactos y los acuerdos a nivel internacional», declaró a ABC Punto Radio.
Repsol reclama a Argentina los 10.500 millones de dólares en que valora la empresa expropiada y anunció que recurrirá a la mediación del Banco Mundial. Esta estimación fue rechazada por Buenos Aires y se teme que se niege a pagar.
El arbitraje internacional puede ser largo y en la espera la diplomacia española parece querer evitar una escalada que dé al traste con las relaciones bilaterales.
En opinión de Carlos Malamud, experto de América Latina en el Real Instituto Elcano de Madrid, las autoridades españolas son conscientes de que el gobierno de Cristina Kirchner se puede cerrar a las presiones.
«Quizás lo que limita más el margen de actuación de la diplomacia española no es tanto su capacidad de presión, aunque sea limitada, sino básicamente el radicalismo de la postura argentina», afirma.
Para Malamud, las autoridades argentinas «poco hacen por favorecer un clima de negociación».
«Desde la parte española hay una apuesta más clara por valorar la importancia de la relación bilateral, y en este sentido el ministro García-Margallo habló desde el principio de relaciones fraternales, algo que no escuchamos desde el otro lado», señala.
«Se ha apelado de una forma más clara a favor de la negociación y de buscar una solución negociada al problema», afirma.
En este sentido, podría ser clave la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista a finales de año en España, en la que el gobierno de Mariano Rajoy, investido el pasado diciembre, quiere instaurar «una nueva relación con los países de América Latina, en pie de igualdad, más equilibrada».
Como dirigente de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Kirchner deberá ser invitada al encuentro por el rey Juan Carlos de España, anfitrión de la cita.
Está por ver la respuesta de Argentina y la de otros países de la región, señala Malamud.
«Habrá qué ver cuál es la postura de Brasil en relación con esto, porque si Brasil decide solidarizarse con Argentina en forma activa y decide boicotear la cumbre podría ser un problema para su éxito», afirma.
