Las declaraciones del magistrado Eladio Aponte Aponte han sido muy fuertes porque demuestran que en el país no existe una independencia de poderes, sin embargo, no es una situación sorpresiva y por eso el llamado es a todos los jueces del país para que sean imparciales y actúen siempre apegados a las leyes.
Dicho pronunciamiento fue realizado por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Marmol de León, quien criticó la actuación de algunos funcionarios del poder ejecutivo nacional que solo buscan presionar y amedrentar a las personas que imparten justicia en nuestro país.
“En el poder judicial hay mucho miedo, porque por una decisión no solamente los jueces pueden ser destituidos sino también pueden ir presos y la mejor demostración es el caso de la juez Afiuni que hoy en día continua presa por una decisión del presidente dela República, quien pidió públicamente que debía ser condenada a 30 años de prisión”, señaló.
En este sentido, precisó que el único problema que existe en el caso antes mencionado, es que no ha sido puesto en manos de un juez independiente y hasta que no se acabe el acoso al poder judicial, es muy probable que la jueza siga presa.
Denunció que la mayor presión en el sistema judicial venezolano, se evidencia en el área de control ya que desde otros poderes públicos exigen medidas cautelares o privativas de libertad y los jueces para no ser destituidos cumplen con dichas peticiones.
“Los derechos de la ciudadanía están absolutamente perdidos. Y eso lo hemos corroborado con las declaraciones del magistrado Aponte Aponte. Se corroboró en la practica lo que he venido diciendo y eso debe ser investigado”, dijo Marmol de León.
Al ser consultada sobre si es conveniente revisar las sentencias firmadas por el magistrado Eladio Aponte Aponte, la jurista indicó que “sería muy difícil revisar todas las sentencias, sin embargo, se pudieran revisar aquellas en las cuales él hizo referencia y nombró a los presos como políticos”.
Explicó además que el poder judicial debería ser el control de los otros poderes públicos, pero hasta los momentos en Venezuela esa particularidad fue cambiada e impulsada desde el ejecutivo nacional.
“Esta situación que vive el sistema de justicia es simplemente una intervención permanente de los otros dos poderes o dela Fiscalía Generalde República en conjunto con el ejecutivo en el poder judicial y eso naturalmente va en contra del sistema democrático porque no existen garantías de las libertades”, sentenció.
Finalmente la magistrada afirmó que esta es una ocasión para “reflexionar y revisar” todas las irregularidades que se están cometiendo en el sistema de justicia venezolano y aconsejó a todos los jueces del país que se hagan un examen de conciencia y comiencen a tomar decisiones ajustadas al derecho y ala Constitución.
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