La polémica surgida a raíz de la propuesta del Fondo de Pensiones contenida en el proyecto de LOT, nos dio la razón a quienes hemos denunciado que es inaceptable que el principal patrono del país redacte unilateral, arbitraria y secretamente la principal ley laboral. Quedó en evidencia que ni siquiera los diputados oficialistas conocen el proyecto y que en cualquier caso la última palabra la tendrá el caudillo, quien usurpando la competencia legislativa del Parlamento, aprobará por decreto la nueva ley orgánica del trabajo.
En primer lugar debemos ratificar que la ley habilitante, solicitada por Chávez con la excusa de las lluvias y los damnificados, no incluye la materia laboral. Igualmente recordamos que la propia constitución ordena en sus disposiciones transitorias que debe ser la Asamblea Nacional la que apruebe la nueva LOT. Por lo tanto sería ilegal, ilegitima e inconstitucional, cualquier ley del trabajo que decrete Chávez sin la debida discusión parlamentaria, que para el caso de un texto orgánico requiere además un quórum calificado de dos terceras partes que no tiene ya el oficialismo. Por donde se mire se trata de una farsa, una burla y un zarpazo más al estado de derecho vigente, propio de este régimen bandolero y autoritario.
Nosotros ya agotamos la vía legal e institucional acudiendo al TSJ, solo para que la flamante Presidente del Poder Judicial, Luisa Estela Morales, desestimara nuestro amparo alegando que no considera real la amenaza de que el Presidente apruebe la ley en cuestión. Una perfecta “lavada de manos” con la que evitó tocar el fondo jurídico del asunto y quedar bien con su jefe político. Ahora solo nos queda la denuncia y el debate político como herramientas para oponernos a esta atrocidad, por lo cual le hemos advertido a los trabajadores que ese Fondo de Prestaciones no es más que una nueva estafa a la clase trabajadora tan perjudicada por este gobierno. La respuesta fue impresionante, hasta el punto que los voceros chavistas han tenido que recular en la propuesta original. Y es que si algo quedó demostrado, es que nadie confía en este gobierno maula como administrador de los recursos de los trabajadores. Ni siquiera los más furibundos chavistas están de acuerdo con este Fondo que tiene la palabra “corrupción” marcada en la frente, y que recuerda otros fondos como el de jubilaciones, conformado con aportes de los trabajadores públicos y cuyos recursos no aparecen en ningún lado. Hasta Mario Silva admitió en su programa que un “camarada” compañero de trabajo le habría preguntado la razón por la que el “comandante” le quería quitar sus prestaciones. Así será.
Lo cierto es que la nueva ley sigue siendo un misterio, y depende exclusivamente del capricho de un presidente que ya no vive en su país y que padece una enfermedad terminal. No hay derecho que se someta a toda la clase trabajadora a esta incertidumbre y arbitrariedad. Para eso hay una Asamblea Nacional electa por el pueblo soberano, para que discuta las leyes como la LOT de forma pública y con participación efectiva de los interesados y sujetos de ley. Por cierto bien vale la pena recordar que la reducción de la jornada laboral y el régimen retroactivo de prestaciones son mandatos constitucionales y no dádivas del gobierno. Al contrario, la constitución ordenaba esta reforma dentro de un plazo perentorio que venció hace doce años, por lo que si hoy todavía mantenemos el régimen de prestaciones tan satanizado por estos revolucionarios, es culpa exclusiva de Chávez y sus diputados que no pudieron cumplir el mandato constituyente. Pero peor es que utilicen su propia mora como excusa para hacer lo que les da la gana con la normativa laboral, metiéndoles la mano en el bolsillo a los trabajadores y generando más incertidumbre que se traduce desempleo e inflación.
Lamentablemente las instituciones del Estado no protegerá al débil jurídico y serán cómplices de este cierre virtual del parlamento nacional que está haciendo un presidente autócrata. Solo nos queda el voto para generar el cambio político que haga volver el estado de derecho y el equilibrio necesario. Este gobierno le debe hasta la forma de caminar a los empleados públicos. En catorce años no ha pagado los pasivos laborales vencidos ni ha jubilado a quienes han dedicado su vida al servicio público. Tampoco firma o respeta contratos laborales ni permite el derecho a huelga. Se trata del peor patrono de la historia que ahora se da el tupé de redactar encuartelado nada menos que la Ley Orgánica del Trabajo.
Probablemente no podamos evitar la aprobación ilegítima de la nueva LOT vía habilitante, pero en nuestras manos está que este zarpazo se convierta en el último atropello de este régimen “moribundo”. El 7 de octubre las cobramos todas.
Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.
