España ha amenazado con represalias contra Argentina por el plan para expropiar una filial del grupo energético Repsol-YPF, pero será difícil presionar a un país díscolo que lleva años fuera de los mercados financieros internacionales de deuda y que ha desoído los fallos de tribunales internacionales.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo esta semana que cumpliría un sueño de toda la vida y solucionaría la escasez de energía del país tomando el control de YPF, la mayor petrolera del país controlada por Repsol-YPF.
Madrid prometió «consecuencias» en áreas diplomáticas, industriales y de energía. Pero dado el historial de Argentina y la clase de represalias que España puede adoptar, la amenaza podría estar vacía.
«La amenaza es muy poco creíble. ¿Qué medidas pueden tomar?»,
dijo José Ignacio Torreblanca, director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.
Señaló que Argentina tiene pocas inversiones en España, mientras que las compañías españolas con inversiones en los altamente regulados sectores de telecomunicaciones y servicios públicos de Argentina podrían sufrir si crecen las tensiones.
Bajo el mandato de Fernández y el de su difunto marido y predecesor, Néstor Kirchner, Argentina se ha enfrentado a los inversores pero ha disfrutado de una economía en crecimiento y un aumento del empleo, en un contexto de altos precios para la soja, su mayor exportación.
Sin embargo, la persistente inquietud respecto de Argentina ha desviado la inversión extranjera hacia países más «amistosos» como Brasil, Chile y Perú.
De hecho, Repsol-YPF ya tenía un plan para reducir su exposición a Argentina, por lo que el efecto de una nacionalización sería limitado.
Argentina, con oídos sordos ante Ciadi
Según las normas dela Organización Mundial del Comercio yla Unión Europea, España no puede tomar medidas comerciales unilaterales contra Argentina, como podría ser limitar las importaciones de soja o biocombustibles.
Su principal recurso sería llevar el caso de Repsol-YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, para exigir una compensación justa a cambio de las acciones de YPF.
Pero Argentina podría argumentar que es de interés público expropiar YPF, al tiempo que ya está en marcha una batalla por la valoración de la compañía.
Argentina ha dicho que no pretende pagar los 9.300 millones de dólares que Repsol está pidiendo por su participación de un 51 por ciento en YPF.
Además, el país sudamericano tiene un historial muy negativo en el CIADI. Una cuarta parte de todos los casos internacionales gestionados por el organismo son contra Argentina.
«Argentina está entre los malos cumplidores, si no el peor cumplidor de los laudos del CIADI», dijo Ana Palacio, ex secretaria general del organismo y ex ministra de Asuntos Exteriores española.
En marzo, Estados Unidos dijo que suspenderá beneficios comerciales para Argentina porque no ha pagado los más de 300 millones de dólares en indemnizaciones pendientes en dos disputas relacionadas con inversores estadounidenses.
Funcionarios dela Unión Europea se han lamentado públicamente por el plan de expropiación. Pero Torreblanca, de la oficina del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo quela UE no dará mucho más que apoyo moral a España.
Un funcionario de comercio dela UE dijo que España no puede limitar ninguna importación desde Argentina sin haber ganado antes un juicio enla OMC. La Unión Europea, de 27 miembros, también debería tener que dar el visto bueno a esas eventuales restricciones.
«No es ojo por ojo. Sólo porque Argentina haga algo no necesariamente significa quela Unión Europea vaya a hacer algo similar», dijo otro funcionario dela UE, que pidió no ser identificado.
Rompiendo las normas internacionales
Pese a que desde hace años muchos advierten los riesgos de un mayor aislamiento, Fernández ha alimentado la reputación de Argentina de ser un país que quiebra las normas internacionales, una serie que comenzó cuando protagonizó en el 2001-2002 el mayor incumplimiento soberano de la historia moderna.
Y con la decisión sobre YPF, Fernández cementó una política que la alinea más con el líder venezolano Hugo Chávez, cuyo gobierno ha sido uno de los pocos en el mundo en aplaudir la decisión de expropiar la firma.
Compañías privadas, tanto argentinas como extranjeras, llevan tiempo bajo presión de Fernández y de su predecesor. Néstor Kirchner ha llegado a pedido públicamente que se boicotee a una petrolera y se han abierto investigaciones impositiva contra compañías que se enfrentaron al Gobierno.
El Gobierno argentino tiene a un leal guardián del modelo económico, el secretario de Comercio Guillermo Moreno, que llama personalmente a ejecutivos de compañías para advertirles que bajen los precios y limiten la compras de divisas extranjeras.
Fernández y Kirchner han mantenido enfrentamientos no sólo con inversores europeos y norteamericanos durante la renegociación de su deuda pública incumplida, sino también con vecinos de Sudamérica.
Kirchner cortó unilateralmente los suministros de gas natural al vecino Chile y se enfrentó con Uruguay por plantas de celulosa y papel.
Además, en los últimos años el país ha puesto en marcha una serie de restricciones a importaciones para defender su superávit comercial, una de las pocas fuentes de divisas con las que cuenta al tener casi nulo acceso a los mercados internacionales de capitales para financiarse.
Pero, a pesar de que estas medidas violan acuerdos comerciales que Argentina y sus vecinos han firmado, son comunes y pocas de las disputas han llegado ala Organización Mundial del Comercio.
Quizás sea China el único país que realmente puede presionar a Argentina. El gigante compra el 75 por ciento de los granos de soja de Argentina y un gran porcentaje también de la soja procesada.
Foto: Archivo/ Reuters
