Repsol acusó el martes al gobierno de Argentina de expropiar YPF para tapar su propia «crisis económica y social» y anunció que reclamará 10.000 millones de dólares por una decisión tildada de hostil por el gobierno español, cuyo presidente llega a Latinoamérica en busca de apoyos.
La expropiación «sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina», lanzó el dirigente de Repsol, Antonio Brufau, un día después de que la presidenta Cristina Kirchner anunciase su intención de renacionalizar YPF, haciéndose con el control de un 51% de las acciones, todas ellas provenientes del 57,4% actualmente en manos de Repsol.
Las autoridades argentinas acusan a la petrolera de no cumplir sus compromisos de inversión en el país en un momento en que no deja de crecer su déficit energético, pero según el presidente del grupo esas carencias son sólo el fruto de una «política energética equivocada».
«A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad», afirmó.
Brufau aseguró que su grupo pedirá «una compensación a través del arbitraje internacional» y que ésta deberá «ser al menos igual» al valor de su participación, que estimó en 10.500 millones de dólares.
La «campaña de hostigamiento» realizada en las últimas semanas por las autoridades de Argentina, con el retiro de 16 concesiones de explotación, estuvo «calculadamente planificada para provocar el derrumbe de la acción de YPF y facilitar la expropriación a precio de saldo», consideró.
En un mercado al alza de 0,96%, la acción de Repsol caía 6,86% a las 10H27 GMT en la Bolsa de Madrid, donde desde principios de año perdió más de un 30% de su valor.
«Estos actos no quedarán impunes», prometió Brufau mientras la prensa española, que denunció unánimemente un «expolio», apuntaba a un recurso al Banco Mundial.
Subrayando que esta decisión «sitúa a Argentina al margen de la comunidad económica internacional», el diario El País vaticinaba que «la YPF dominada por la camarilla que gobierna Argentina perderá cualquier posibilidad de beneficio».
Su competidor conservador El Mundo denunciaba también «una burla a España» por parte de Kirchner, que hizo una referencia velada al rey Juan Carlos, poniendo de manifiesto la creciente tensión diplomática entre ambos países.
La expropiación de YPF «es una decisión hostil contra Repsol, por tanto contra una empresa española, por tanto contra España», había lanzado el lunes el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Madrid «tomará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior», insistió el canciller José Manuel García-Margallo.
Por segunda vez en cuatro días, el ministerio de Asuntos Exteriores convocó el martes al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, para expresarle el rechazo del ejecutivo español, en un ambiente de nerviosismo que obligó a la cancillería a desmentir rumores sobre una retirada de su embajador en Buenos Aires.
En este contexto, el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, iniciaba este martes en México su primera visita a Latinoamérica, planeada desde hace semanas, en cuya agenda irrupió bruscamente la expropiación de Repsol.
Invitado por el presidente mexicano Felipe Calderón, Rajoy debía participar en Puerto Vallarta (oeste) en el Foro Económico Mundial sobre América Latina.
Allí coincidirá con dirigentes de varios países latinoamericanos y con los responsables de la OCDE, Angel Gurría; de la OEA, José Miguel Insulza; de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias, y del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
Este encuentro se convirtió en una ocasión para buscar más apoyos internacionales para España, ya respaldada en su conflicto con Argentina por sus socios europeos.
Bruselas está «sumamente decepcionada» por la decisión de Argentina, reafirmó el martes el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
Incluso antes de la llegada de Rajoy a México, Calderón también había reprobado la expropiación de YPF.
«Me parece muy lamentable que el gobierno de Argentina, nuestra amiga Cristina Fernández, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie», incluidos a los argentinos, añadió el presidente de un país cuya petrolera estatal, Pemex, tiene el 9,5% de las acciones de Repsol.
«Es una medida muy poco responsable y muy poco racional», agregó.
Pero no todas las voces en Latinoamérica fueron críticas con la prueba de fuerza argentina, que fue saludada y respaldada por el presidente venezolano Hugo Chávez, reavivando el temor de que a éste sigan otros ataques a empresas españolas en Argentina u otros países del continente.
