200 casos de violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela entre mayo de 2010 y diciembre de 2011, informó este jueves el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), al presentar su informe anual correspondiente a este período.
De esta cifra, una abrumadora mayoría corresponde a la modalidad de agresiones físicas sufridas en un 70% por reporteros y sus equipos técnicos, señaló la directora de la organización internacional en el país, Marianela Balbi, quien resaltó la tendencia a la radicalización que se viene observando en el panorama venezolano.
El número de víctimas fue mayor al número de casos, en virtud de que en un solo evento pudieron haber sido agredidas varias personas; en este sentido, resultaron 204 personas vulneradas físicamente.
El Estado: principal responsable
Otra de las conclusiones alcanzadas por la ong en función del seguimiento que ha hecho al fenómeno de las violaciones a la libertad de expresión del país, denota la fuerte influencia de eventos políticos puntuales, como detonantes de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
«Los meses de agosto de 2010 y noviembre de 2011 registraron el mayor número de casos. Esto, siguiendo una tendencia ya conocida, responde justamente a los meses en los cuales hubo elecciones, en el primero de los casos (elecciones parlamentarias 26 de septiembre de 2010)», indicó Balbi.
Otro dato anotados por el IPYS que permiten visibilizar la relevancia del elemento político como detonante o provocador de la violencia contra el ejercicio de la comunicación social, y que apuntan al gobierno como principal responsable, lo representa el hecho de que 7 de cada 10 victimarios identificados esta ligado al Estado venezolano. Más elocuente resulta el dato de que 8 de cada 10 periodistas agredidos pertenecían a medios privados, siendo trabajadores de la televisión y la prensa (medio impreso) los blancos contra quienes más se ensañaron, reuniendo entre ambos el 73% de las víctimas.
Además del hecho físico, otras formas o categorías en que se concretaron violaciones a la libertad de expresión, y que involucran la responsabilidad del Estado, se encuentran desglosadas en este informe. Estas son restricciones en el acceso a la información pública, la creación de normas que dificultan la libertad de expresión, el uso abusivo de las normas vigentes, el uso abusivo del poder estatal, la censura previa y la censura indirecta por actores que no pertenecen al Estado pero estan asociados con el sector oficialista.
Después de la violencia física, el abuso de poder (18% de los casos) y la negación de la fuente oficial (12% fueron las formas más utilizadas con el fin de coartar el flujo informativo.
Aumenta criminalización
El monitoreo de Libertad de Expresión del IPYS Venezuela reportó que «las acciones legales derivadas de delitos de desacato y contra el honor alcanzaron el 48% de las agresiones vinculadas al uso de medidas judiciales», señala el documento disponible en el portal web de la organización.
De ello se desprende el hecho de que al analizar a los perpetradores ubicados en la acera de las instituciones del Estado, encontramos que precisamente el Poder Judicial fue el más nocivo para la vigencia del derecho fundamental en cuestión. Ello ocurrió bajo el formato de censura previa.
«La incidencia de censura previa aplicada por el Poder Judicial alcanzó el 50% de los casos de contenidos censurados desde los poderes públicos», señala el informe.
Al respecto, Balbi fue más específica. «Es preocupante el hecho de que se utilicen los delitos de desacato para penalizar a los periodistas y a medios, y más aún que los funcionarios públicos utilicen la amenaza de sanciones judiciales para generar censura y autocensura», manifestó.
Datos y preocupaciones
-El Distrito Capital sin duda es el lugar más azaroso para ejercer el periodismo en el país, afirmación que se desprende de que 112 de los 200 casos de violaciones a la libertad de expresión reportados por el Ipys, ocurrieron aquí.
-La organización dedicada al monitoreo de la libertad de expresión en el país expresó su preocupación por las señales que indican que este derecho humano será golpeado con más ahínco en los próximos meses, cuando se desarrolla una intensa campaña electoral presidencial. «El año pasado registramos 96 alertas, y en estos primeros tres meses y medio del año ya llevamos 50», reveló Marianela Balbi.
-Por primera vez el IPYS incluyó en su estudio anual la categoría de ataques informáticos o «cyberagresiones», alcanzando el 27% de los ataques contra los medios o cuentas personales de periodistas. «Sin duda alguna constituye un modo emergente de atentado contra la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos y la libre circulación de la información», concluyó la periodista e investigadora.
Foto: Andrés Bello
