Llevamos más de una década con un poder judicial deplorable, todas las competencias están sumidas al proyecto chavista, los delincuentes en la calle, ningún órgano del Estado pierde un proceso, en materia civil y mercantil represados los procesos para debilitar la fuerza de la justicia y el Supremo a la orden de los caprichos de la deidad mandante.
La pasividad sectorizada de las autoridades ante las situaciones de violación a los derechos humanos y la preocupación por la casi parálisis y difícil funcionamiento del Poder Judicial, por un procedimiento obsoleto, así como la falta del debido proceso tiene a Venezuela en un callejón sin salida, no hay independencia del Poder Judicial.
La independencia del juez se basa en que el solamente está sometido al imperio de la ley. Es decir, solamente está sometido a la voluntad popular: la ley. No tiene mandato político, ni mayor imperativo, ni se le puede obligar a interpretar o dejar de interpretar, a aplicar o dejar de aplicar una determinada norma, o tomar posiciones en la vida política del país.
La independencia subjetiva, que se supone desde luego en las actuaciones de magistrados no prevaricadores, y que se desea como una norma ideal, no puede extenderse hasta el punto de convertirla en independencia objetiva, entendida como imparcialidad o neutralidad objetiva en el momento de instruir el proceso y de emitir la sentencia, porque ahora la parcialidad o la dependencia respecto de factores extrínsecos, lejos de poder ser contemplada como una limitación real a la que habría que resignarse, debe ser considerada como un constitutivo ideal del buen juicio. «Lo que no está en el expediente no está en el mundo.» Cierto, pero esto no significa que el proceso haya podido elaborarse «independientemente» o de espaldas al mundo. La independencia del mundo, la imparcialidad, la abstención de tomar partido, puede conducir a juicios deformados, distorsionados, porque es imposible valorar y enjuiciar sin tomar partido. Tanto el hecho como la norma están inmersos en contextos ideológicos (de «clase», por ejemplo) que en vano se pretenderían neutralizar. Y la independencia puede significar simplemente «desconexión» de un asunto del contexto en el que el asunto está inserto necesariamente, y, por tanto, distorsión del mismo. El juez, o el tribunal de justicia, que sabe (o tiene que saber) que la trama de los implicados en los delitos de corrupción política, de narcotráfico, o de terrorismo de Estado, de los procesos civiles y mercantiles, desborda ampliamente los procesos que sólo pueden contener con pruebas a una parte de la trama, y sin embargo, «juzga sobre hechos probados» con abstracción de hechos no probados judicialmente, pero necesarios, está distorsionando la justicia objetiva. La independencia objetiva del poder judicial, es un resultado de la desconexión necesaria del proceso con el mundo por el que está envuelto, sólo puede mantenerse de modo estable a través de la independencia corporativa de los magistrados respecto de los órganos de los demás poderes, así como de las otras partes de la sociedad.
Según esto, cuanta mayor independencia corporativa sea detentada por el poder judicial de una sociedad política, peores serán sus juicios, por esforzadas que sean las pruebas y alambicados los razonamientos.
La potestad de juzgar, tan terrible entre los hombres, no se halla anexa a determinado estado ni profesión, y por lo mismo viene a ser invisible y nula.
@rabayma
