Con la decisión inconsulta y unilateral del Ejecutivo de aprobar un aumento del 32,25% para el salario mínimo por decreto, a ser pagado en dos partes, mayo y en septiembre, una vez más seguirá la espirar inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, asegura Cedice-Libertad, al fijar posición en torno a esta medida.
Sotiene esta organización, que la política salarial de cualquier empresa, debería ser el resultado de un complejo proceso que involucra una sustancial mejora en los ingresos y beneficios de los trabajadores, cónsona con las características de la empresa, la productividad y el entorno en el cual puede colocar los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Estiman en su declaración, que en Venezuela, diseñar esta política salarial, se ha visto entorpecida, en parte por la cantidad de controles que se le han establecido a las empresas, y en parte por el anuncio recurrente e inconsulto de incremento en el salario mínimo, el cual en esta oportunidad es ofrecido en dos porciones de 15% cada uno que sumado supera la tasa de inflación prevista para 2012 en el presupuesto de la nación (20-22%) y la registrada en 2011 de 27,9%, cifras estas que indican que los ajustes de salarios mínimos por decreto aumentan el espiral inflacionario que el gobierno con sus políticas fiscales promueve día a día.
Rafael Alfonzo, Presidente de CEDICE-Libertad, resaltó que tal escenario deja entrever que el anuncio de incremento del salario mínimo resulta una medida aislada que en nada promueve la creación de nuevas fuentes de empleo y la formalización de la economía, por el contrario puede tener el efecto perverso de reducir las fuentes de trabajo existentes.
Asegura que los anuncios gubernamentales deberían estar dirigidos a garantizar los derechos de propiedad y un marco jurídico seguro y estable en donde pueda existir mayor inversión y fuentes de trabajo sustentables y productivos, para que sean las empresas y los trabajadores desde sus políticas internas las que realicen los ajustes salariales en beneficio de cada uno. Considera que los controles de precios y los salarios por decreto incrementan el costo de producir en Venezuela, y le resta competitividad a las empresas.
-Sólo una economía de mercado y la garantía de los derechos de propiedad, será lo que revierta las condiciones laborales adversas en que se encuentran sumergidos los trabajadores venezolanos hoy en día-, precisó.
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