Familiares de desaparecidos durante la lucha contra la guerrilla en Perú presentaron una demanda antela Comisión Interamericanade Derechos Humanos para reabrir un viejo caso que involucra al presidente Ollanta Humala, el cual ya tuvo un alto costo político para el mandatario en el pasado.
Según documentos obtenidos por Reuters, abogados de la familia de dos personas desaparecidas en 1992, cuando Humala era capitán del Ejército y jefe de la base militar contrasubversiva «Madre Mía», demandaron al Estado peruano por no investigar debidamente el proceso.
La causa fue archivada por falta de pruebas en el 2009, dos años antes de que el actual mandatario ganara las elecciones en su segundo intento por llegar al poder, tras reconfigurar su imagen en la de un político centrista pro mercado.
Un eventual resurgimiento del proceso, cuya aceptación o rechazo por parte dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría demorar años, abonaría las tensiones generadas luego de que Humala nombrara militares en cargos claves de su Gobierno, acentuando un distanciamiento con sectores de la izquierda que integran su partido.
El escrito de 21 páginas y 81 artículos enviado ala CIDH en los primeros meses del 2010 reseña que soldados bajo su mando secuestraron a una mujer y un hombre en una localidad selvática plagada de rebeldes maoístas de Sendero Luminoso.
Los esposos Natividad Avila y Benigno Sullca fueron sacados violentamente de su vivienda y llevados a la base militar, según describe un resumen de la demanda que recoge testimonios de tres testigos y de la hermana de una de las víctimas, Teresa Avila.
Funcionarios dela CIDH se excusaron de responder la consulta de si habían recibido el escrito, citando normas de confidencialidad, pero tres fuentes relacionadas con la causa confirmaron su recepción.
La demanda fue suscrita por Ronald Gamarra, un abogado que actuó en un juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos en el 2009. Al momento de firmar el pedido, G a m arra era director de la organización no gubernamental (ONG) local Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La CIDH puede hacer recomendaciones o bien someter el caso ala Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes para los Estados adheridos a esta jurisdicción que forma parte dela Organización de Estados Americanos (OEA).
Capitán Carlos
El documento presentado a la entidad regional detalla que Teresa Avila habló con el «Capitán Carlos» -nombre con el cual se identificaba a Humala en la base militar Madre Mía- para gestionar la eventual liberación de su hermana y su cuñado un día después de que desaparecieran.
Siempre según la demanda, el «Capitán Carlos» negó la existencia de un secuestro y le dijo que averiguara en bases militares vecinas.
«Fueron detenidos bajo la sospecha de ser terroristas y conducidos ala Base Militar de Madre Mía, para luego ser desaparecidos», dice el artículo 42 del documento, haciendo referencia a las declaraciones de los testigos.
En el año 1992, cuando ocurrieron los hechos denunciados, el entonces presidente Fujimori había disuelto el Congreso y el Poder Judicial para adjudicarse amplios poderes y gobernar con mano dura y el respaldo pleno de los militares.
«La detención se produjo en un contexto de conflicto, donde las fuerzas del Estado, practicaron la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas como estrategia de lucha contrasubversiva; situación que le impone al presente caso un cariz de sistemático», explica el documento.
Desde que el caso fue presentado en las cortes peruanas en el 2006, Humala ha manifestado varias veces que no tiene nada que ver con las desapariciones.
El caso «Madre Mía» fue desestimado en Perú después de que tres personas cambiaran su testimonio original, en el que habían declarado contra Humala, y La investigación tampoco pudo probar si él estaba de guardia, lo que podría implicar que hubo soldados que actuaron por su cuenta.
Reuters consultó a un asesor jurídico de Humala sobre el caso y éste trasladó el tema al ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien dijo quela CIDH podría no cursar la demanda ya que el proceso judicial local se realizó correctamente.
«Lo más probable es que ni siquiera (la demanda) nos sea notificada», dijo Jiménez en una entrevista en su oficina.
Costo político
Humala, de 49 años, saltó a la escena política de Perú en el 2000 cuando lideró un frustrado levantamiento militar contra el entonces presidente Fujimori, cuyo Gobierno tambaleaba por el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.
Partidarios de Humala dicen que el caso «Madre Mía» fue activado en Perú para obstaculizar su primer intento por llegar al poder en las elecciones del 2006, cuando su candidatura asustó a la clase política y empresarial por sus ideas afines a la izquierda radical del presidente venezolano Hugo Chávez.
En esos comicios Humala pasó a la segunda vuelta, pero perdió frente al socialdemócrata Alan García.
«El hoy presidente era enemigo político del Gobierno de turno, de poderosos sectores de derecha, de la prensa y de casi todos los partidos políticos, incluidas cúpulas de izquierda», dijo el ministro Jiménez.
«Fue en ese ambiente más bien hostil, en un debido proceso, que Ollanta Humala fue exonerado de responsabilidad», afirmó.
En la campaña presidencial 2011, el hoy presidente de Perú abandonó sus ideas nacionalistas más tajantes y sedujo a grupos de centro que, junto con un núcleo duro de izquierda, lo ayudaron a triunfar por sobre la propuesta derechista de su rival, Keiko Fujimori, hija del ex mandatario encarcelado.
Pero a poco de asumir, surgieron acusaciones que lo ligaban a militares y a sectores de la extrema derecha que se oponen a la revisión de las atrocidades ocurridas durante el combate a la guerrilla, que dejó 69.000 muertos y desaparecidos.
Analistas dicen que Humala se siente obligado a mostrar «espíritu de cuerpo» y defender a sus compañeros de lucha y al Ejército, que afirman se ha convertido en su principal base política y que pretenden que Perú se retire dela CIDH.
«Aquí hay sectores muy duros en este país, lo que quieren es salirse del sistema y lo que estamos buscando es el equilibrio», refirió el ministro de Justicia Jiménez.
Pero la presentación de la demanda ala CIDH podría frustrar los esfuerzos de Humala para encontrar ese equilibrio.
Desde la otra vereda, organizaciones de derechos humanos que respaldaron a Humala han presentado más de 300 denuncias contra Perú, lo que hace al país andino uno de los mayores acusados en América Latina. Yla CIDH ha admitido decenas de ellos.
«(Se) están disparando en el pie», dijo un funcionario peruano que pidió no ser identificado, para quien la estrategia de los defensores de los derechos humanos de llevar ala CIDH casos sensibles para la política local puede agudizar la pelea con sectores de extrema derecha que apoyan a Humala.
Además de casos vinculados a la guerra interna peruana, el organismo también tiene denuncias ligadas a la mayor actividad productiva y motor de la economía del país: la minería.
En diciembre recibió el pedido de un grupo de indígenas para que el Estado anule un millonario proyecto de la estadounidense Newmont, actualmente detenido por protestas, ya que afirman no respeta el medioambiente ni sus derechos culturales.
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Foto: AP
