Leyes restrictivas, una «grave» criminalidad, ataques a la libertad de expresión y la «fragilidad» del poder judicial afectan seriamente los derechos humanos en Venezuela, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual divulgado este lunes.
La Comisión incluyó a Venezuela, junto a Cuba, Honduras y Colombia, en el llamado Capítulo IV de su informe, dedicado a aquellos países donde existen situaciones que afectan «seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales».
Venezuela, que ha amenazado con abandonar el ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) alegando que está parcializado en su contra, ha sido incluida en esta «lista negra» de los informes anuales por una década, desde 2002.
Durante el año pasado, la CIDH observó la continuación de la «provisionalidad de los jueces y fiscales» lo que «conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia», indicó en el informe presentado este lunes en la OEA.
Bajo los poderes legislativos excepcionales de los que dispone el presidente Hugo Chávez desde finales de 2010, se han aprobado leyes que implican «restricciones legales y administrativas» que restringen varios derechos.
Los ataques a la libertad de expresión preocupan a la CIDH, que recopiló en su informe denuncias de asesinatos, ataques, hostigamiento y procesos penales contra reporteros y medios, aunados a limitaciones al acceso a la información pública.
Asimismo, la Comisión juzgó «insuficientes» las respuestas del gobierno frente a la enorme criminalidad en Venezuela, el país con más homicidios en Sudamérica, según la ONU.
Caracas acusa a la Comisión de haber reconocido el breve gobierno de facto durante el golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez, y no escatima epítetos en su contra.
El informe reconoce «importantes avances» en la región, como la decisión de Uruguay de declarar imprescriptibles los crímenes de la dictadura y una reforma en México para elevar los derechos humanos a rango constitucional.
Pero el continente sigue en deuda con varios grupos: las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los inmigrantes, las lesbianas, gays, trans y bisexuales (LGTB) y los defensores de derechos humanos en general, advirtió la Comisión.
