Para las fuerzas políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática del estado Lara, la toma de terrenos destinados a la actividad industrial para la construcción de viviendas constituye una agresión a la ciudad, por cuanto esta se rige por lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL).
Macario González, coordinador regional de la coalición opositora y exalcalde de Barquisimeto, explicó que en el mencionado instrumento de ordenación local ya se determinó que los terrenos donde se ubican las empresas que componen las Zonas Industriales están destinados para la explotación económica. Por ello, sus calles presentarían una resistencia superior ante el transito de vehículos de carga pesada, además de que las construcciones de las empresas son de concreto armado y la infraestructura de servicios públicos es distinta a la de una zona residencial.
“Tampoco es que un Plan de Desarrollo Urbano sea intocable, sin embargo, su revisión pasa por un proceso cuya duración puede considerarse parecida a la que se toma para su realización, debido a todas las revisiones que deben hacerse antes de proceder”, acotó.
En sus declaraciones, González estuvo acompañado por dirigentes de los partidos Alianza Bravo Pueblo, Gente Emergente, COPEI, OFM y Un Nuevo Tiempo.
El dirigente criticó que “de la noche a la mañana” se anuncie la creación de cinco mil viviendas para albergar a unas veinte mil personas, sin haberse efectuado previamente un estudio técnico como el previsto en el PDUL, a objeto de poder modificar las variables que influyan en la zona. Señaló que lo único existente para proceder con la expropiación de terrenos es la voluntad de la Alcaldía de Iribarren y el Concejo Municipal para “complacer al presidente Hugo Chávez cuando señaló su deseo de que esos terrenos fuesen utilizados para viviendas”.
Aunque el primer mandatario nacional, al igual que cualquier ciudadano venezolano, está en todo su derecho a hacer una propuesta para la ciudad, González explicó que tanto la alcaldesa Amalia Sáez como los concejales iribarrenses deben someterla a un estudio y análisis multidisciplinario consultado en las parroquias y universidades, en atención a la vigencia del PDUL de unos dieciséis años por ser un instrumento jurídico que no puede someterse a la voluntad de los gobernantes de turno.
“Estamos ante una agresión del presidente de la República a la ciudad porque estos cambios significarían un caos, por ejemplo el agua para llevar a la parroquia Unión sería imposible, además que la iniciativa de la zona del puerto seco, para conectar a los industriales con Puerto Cabello a través del ferrocarril no sería procedente”, dijo.
Por último, advirtió que en el artículo 140 de la Ordenanza del PDUL se establecen responsabilidades penales, administrativas y civiles para quienes impulsen cambios en esta planificación mediante vías contrarias a las establecidas en el mismo.
