El gobierno venezolano tendrá vía libre para incrementar fuertemente el gasto público en un 2012 marcado por las cruciales elecciones presidenciales de octubre, tras la aprobación de una modificación legal que le permite al gobierno de Hugo Chávez rebasar el techo permitido para contratar deuda.
La reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público fue ejecutada por Chávez en uso de los poderes para legislar que a finales del año 2010 le confirió la Asamblea Nacional.
«Claramente, esto es una práctica negativa que amplifica la incertidumbre sobre el pronóstico fiscal, pero desde la perspectiva del Gobierno, incrementa su capacidad para elevar el gasto a futuro», dijo el viernes la firma Barclays en una nota a inversionistas.
De acuerdo con el texto de la reforma, el Estado podrá celebrar operaciones de financiamiento no planificadas para hacer frente a gastos extraordinarios producto de calamidades o catástrofes, así como para realizar refinanciamientos o restructuraciones de deuda pública.
También puede rebasar el techo autorizado para el endeudamiento público si los recursos van dirigidos a garantizar «la soberanía alimentaria, la preservación de la inversión social, seguridad y defensa integral», dice la reforma, aparecida esta semana en Gaceta Oficial.
En anticipación a unas elecciones que se vislumbran reñidas este año, en el último trimestre de 2011 Chávez inició su precampaña con el lanzamiento de varios programas que según analistas serán muy exigentes en recursos, al implicar desde la entrega de viviendas hasta becas para ancianos, niños y presos.
Según una encuesta clave, Chávez aventaja en la intención de voto al candidato opositor Henrique Capriles por 13 puntos. Sin embargo, la indecisión de millones de votantes impide que esa ventaja pueda considerarse definitiva.
En consecuencia, expertos afirman que el gasto público ha subido velozmente desde agosto, mientras las tradicionales opciones de financiamiento del Estado se reducen ante un escenario político que obliga a postergar una eventual devaluación para multiplicar los bolívares que se reciben producto de las ventas petroleras
En el presupuesto nacional, con una partida total de gastos de unos 69.264 millones de dólares para este año, se calculó que se requeriría un financiamiento de unos 19.000 millones de dólares, pero ese tope ahora podrá ser rebasado bajo condiciones extraordinarias sin autorización previa de la Asamblea Nacional o el Banco Central.
«La deuda puede caer en un ciclo interminable. Hay espacio actualmente para contratar deuda en dólares, pero no mucho más a los precios actuales del petróleo», dijo Henkel García, director de la firma Econométrica, refiriéndose a la contratación de créditos para refinanciamientos o pago de servicio de deuda.
MAS DEUDA EN ESPERA
Chávez, que el sábado viaja nuevamente a Cuba a proseguir un tratamiento de radioterapia para combatir un cáncer que reapareció en febrero, aprobó el año pasado una ley de endeudamiento complementaria que casi duplicó el monto originalmente presupuestado para el ejercicio.
La mayor parte del endeudamiento público suele ser contratado en moneda local, pero también son frecuentes las emisiones de bonos, que en el 2011 superaron los 17.000 millones de dólares entre la República y la estatal PDVSA.
Una emisión de bonos de deuda que se había planificado para febrero fue postergada luego de que el presidente anunciara una reaparición del cáncer que padece, lo que desató un alza de precios que ha comenzado a aplacarse, abonando el terreno para que la emisión sea replanteada.
«Vemos presiones crecientes para emitir deuda en los próximos meses, particularmente del mercado. Después de esta reforma, las barreras que pudieron haber limitado al Gobierno a emitir han sido eliminadas», agregó Barclays.
Analistas estiman que los desajustes derivados del elevado nivel de gasto del Gobierno conducirán a una resaca después de los comicios de octubre, marcada por una expansión de la liquidez, elevada inflación y más endeudamiento.
El alza en el salario mínimo que el Gobierno planea decretar en mayo sería, además, insuficiente para evitar la erosión del salario, que es afectado por el veloz incremento de los precios.
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