Al principio de esta semana, el Gobierno nacional anunció la creación del Fondo de Ahorro Nacional de los Trabajadores del sector público para el pago de las prestaciones sociales aún adeudadas, con una inversión para este año de 1.726 millones de dólares.
Una iniciativa para la cual necesitaría de la Ley Habilitante, sin embargo, la acción es considerada por el diputado a la Asamblea Nacional, Alfredo Ramos, como una “trampa cazabobos” ya que el presidente Hugo Chávez no necesita de este instrumento para honrar un compromiso tan atrasado.
“El Presidente no necesita ninguna Habilitante para pagar los pasivos. Lo que se requiere es voluntad política para que el Estado cancele la deuda quienes se mueren esperando el pago, mientras este Gobierno que debe más de 20 mil millones de dólares”, dijo.
A juicio del parlamentario, el Ejecutivo nacional en los últimos años ha desperdiciado la oportunidad de tender una mano a la masa laboral y sería en estos momentos, en vísperas de unas nuevas elecciones presidenciales para octubre, cuando recuerda la mora que tiene con sus trabajadores.
Asimismo, Ramos ratificó la exigencia de que un instrumento tan delicado para los venezolanos, como la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, sea discutida en el seno del Parlamento, tal cual lo indica la Constitución Nacional.
No puede ser el Presidente de la República, indicó, quien, en una forma autoritaria, dirija la reforma de un instrumento tan importante. Es como si los dirigentes sindicales le entregaran al patrono la elaboración de un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores. Para Ramos, la prometida promulgación de la reforma legislativa para el mes de abril es una decisión inconsulta e inconstitucional, y atentaría contra los principios democráticos al no incluir a varios sectores de los trabajadores.
“Gato por liebre”
Ante esta situación, Ramos advirtió nuevamente que los venezolanos deben tener especial cuidado con las ofertas que se hacen en el marco del cambio en la legislación laboral, como la extensión de las vacaciones a treinta días y las consideraciones para el pago de las utilidades y las prestaciones sociales, que pueden constituir una trampa tras la cual se esconden las verdaderas intenciones de un gobierno que tendría en su mira a las libertades sindicales.
“Detrás de todo eso, lo que existe es la intencionalidad por parte del Gobierno de arrebatarle y quitarle las prestaciones sociales a los trabajadores por la vía de los bonos petroleros (Petrorinocos) que menciona el presidente Chávez. Eso puede ser un invento para, simplemente, confiscar los derechos. Por otro lado, se esconde la intención de impedir o soslayar el derecho a la huelga, a la sindicalización y a la contratación colectiva”.
Foto: Edickson Durán
