Defender la pureza del agua siempre será mejor que multiplicar los pozos sépticos
(Américo Martin, diario Tal Cual 24.3.12)
La criminalización de cuanto perturbe a una tiranía es muy antigua, por lo general desde un principio, cortan todo vestigio libertario de
expresión, lo que Chávez ha intentado con sus “leyes sapo” pero basta, que se les vaya de la mano la incapacidad de gobernar conforme a la Constitución, para criminalizar los hechos.
De ello han sido víctimas, periodistas y políticos, como Oswaldo Álvarez Paz, al emitir opinión sobre el tema del narcotráfico o corrupción en Venezuela, divulgado
por organismos de inteligencia del mundo y por el propio chavista, Walid Makled, o las acciones contra Globovisión, al revelar, en
ejercicio del derecho a informar verazmente, la revuelta en la cárcel
de El Rodeo, donde como el Chapulín Colorado apareciera el «hombre
de los ojos bellos,» negociando con los «pranes».
Resulta que ahora, con motivo de la rotura de un tubo que lleva petróleo, de “16 pulgadas de diámetro y 50 años de antigüedad” en el río Guarapiche del estado Monagas y del que se nutre de agua potable
su población, ha terminado por contaminarse, en perjuicio de la misma, además del daño ecológico a su cuenca, rica en especies de peces, fauna silvestre, morichales y manglares, que conllevan
responsabilidades civiles y penales, lo cual ha sido respondido por el gobierno de Chávez, no solo ocultando la gravedad del hecho, sino de la escasez de agua potable en el país, bien por falta de inversiones
en el sector y de un mínimo de mantenimiento, confirmándose que el
agua que se consume en Venezuela no es de calidad, salvo el agua Perrier, que toman los “boligurgueses chavistas con escoceses
mayores de edad. Pero allí no se quedó el asunto, al politizarlo el propio gobierno y expulsar del PSUV al gobernador de Monagas, por admitir la «contaminación del Guarapiche y alertando el consumo de
su agua. La precedente versión, no tiene en absoluto exageración y nos apenas decir con Rafael Poleo, que solo ello es posible, en un «campamento minero» como Venezuela, porque en un país civilizado las
cabezas caerían.
Del problema del agua, en el siglo XIX se ocupó Bolívar con su decreto de conservación de “aguas, vegetación y suelos” desde Chuquisaca, el 19 de diciembre de 1825, dirigido al buen uso y aprovechamiento de las aguas para el consumo. En el siglo XX, será Rómulo Betancourt, al sentenciar que…»primero se nos acabaría el agua que el petróleo…»
y más comprometido con dotar de agua potable al pueblo fue su confesión: “he dicho más de una vez que martilló en mis oídos y caló en mi sensibilidad el estribillo que oyera en miles de millares de bocas venezolanas. Ese estribillo era “agua, agua, agua”, para que venga ahora Chávez a colocarnos el candado de su autocracia y buena parte de las obras de Betancourt, fueron centradas en la construcción de embalses, acueductos, plantas de tratamiento y El Gurí es la obra cumbre de los presidentes demócratas del país, porque a decir
verdad, el agua no ha importado a Chávez. Atrás quedó, el desarrollo del Eje Orinoco-Apure y nada más grosero para un país de caudalosos ríos, aquello de asearse con totuma que la familia presidencial no
usa, en sus bonches orchileros.
Ahora, al revelarse la contaminación del agua en el estado Monagas, Chávez y nadie mas que él, ordena «criminalizar el tema del agua» acuérdense -métanle treinta años a la juez Afiuni- que al pie de la letra cumple el sicariato judicial. Resulta que, el picapleito de Chávez no sabe, que la «Bicha» (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) nos otorga derechos a la información, opinión y el de demandar al Estado…» por los daños que sufran los
particulares de sus bienes y derechos siempre que la lesión se impotable a la administración publica»… (Art. 140 CRBV) y que la propia Ley de Agua impone sanciones, a quienes la violen por…
«negligencia, imprudencia o impericia» que la muy corrompida Pdvsa reconoce, al admitir existencia de tuberías desde hace 50 años,
incluyendo los trece del chavismo. ¿ntonces? ¡Encubridores! son más
delincuentes que cualquier inculpado en las cárceles del país.
La decisión de la fiscalía al imputar a todos cuantos denunciemos la contaminación del agua debe servir de “desobediencia civil», pues estamos en presencia de una intimidatoria prevaricación judicial,
típica de los déspota en el marco de la (Teoría de la conspiración de Karl Popper) que para los chulos cubanos del régimen consiste, en culpar a los mismos, que el hecho perjudica y ejemplaricemos, con el
agua, prácticamente condimentada que se consume en algunos barrios, al norte de Barquisimeto y aquí va la receta: llene una olla con esa agua, hiérvala, coloque una gallina negra y bastante verduras, no le
agregue sal, porque viene incluida con el recibo de Hidrolara. Invite luego a Chávez, a su Fiscal y al ministro Alejandro Hitler y la mesa estará servida, con la respectiva orden de hospitalización a una clínica privada -los chavista no visitan Barrio Adentro.
Ante esa verdad verdadera, este gobierno ha creado la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la relación del Estado con los particulares y demandar al Estado. Ejerzamos ese derecho que
desconocen las comunidades, consejos comunales y organizaciones
políticas, aunque según el latiguillo -eso no está planteado- pues que nos lleve el diablo y Chávez también.
