“Si es o no un delito, corresponde a las autoridades competentes declararlo, no al Ejecutivo regional ni al Consejo Legislativo”, de esta forma Erick Valles, jefe de Personal de la Gobernación respondió a las interrogantes de los diputados en torno a la designación de Carolina Arce como directora general de Educación, durante tres meses sin presentar el título profesional de educadora para ejercer el cargo.
El funcionario respondió específicamente al señalamiento de la diputada Rosa Oropeza, quien aseguró que Arce habría forjado un título perteneciente a una ciudadana de nombre Norma J. Guédez A., para usurpar el cargo, sin embargo, el funcionario considera que esto es función de otras instancias.
“Si hay una usurpación debe haber un ente responsable que lo determine. Ni el gobernador Henri Falcón, ni los diputados ni yo pueden hacer esto”, dijo Valles.
El funcionario este martes cumplió con la invitación que hace varias semanas le hiciera el Poder Legislativo, para explicar la contratación de los directores de la Gobernación de Lara.
Recordó que el ingreso de la ahora exfuncionaria se produjo en el marco de la discusión del proyecto de Convención Colectiva con los educadores estadales, por lo cual la contratación se realizó sin exigir de antemano los soportes, sino bajo el amparo de la gestión de Arce al frente de Fundaescolar, en uso del principio de presunción de la buena fe establecida en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
No obstante, fue durante el control posterior hecho a la situación de la funcionaria cuando se le pidió, en cuatro ocasiones, cada uno de los requisitos que debía presentar. Al no hacerlo, el 16 de enero de este año se le solicitó la renuncia. Todo el proceso tomó alrededor de tres meses.
El diputado Orlando Miranda, presidente del Parlamento, indicó que la exposición de Valles -que fue grabada- será entregada a la Comisión Especial que lleva el caso. Este entregará el informe a la directiva, de manera que esta, bajo la presunción de un delito, llevará el caso ante la Contraloría General del Estado, como órgano que debe tomar una decisión. La comisión tiene hasta el 16 de abril para entregar su informe. El grupo está compuesto por los diputados Leyda Lara, Rosa Oropeza y Antonio Chávez.
“Comparto plenamente que la responsabilidad debe ser asumida por los órganos de control definitivo de la gestión pública como la Contraloría y la Fiscalía”, dijo Miranda.
Es pertinente recordar que la ocupación de un cargo sin la debida acreditación pudiera afectar las decisiones tomadas por la funcionaria, además del daño generado al patrimonio del estado por el pago del salario con primas a la funcionaria, una situación que es comprendida por los diputados.
“Imagino que dentro de los elementos de juicio que debe hacer la Contraloría, además de las sanciones administrativas, están las multas y el reintegro de los recursos percibidos, en el caso de que se demuestre que la exfuncionaria no es profesional de la educación y ha percibido recursos de forma indebida.
17 millones para salud
Durante la sesión ordinaria de este martes, los diputados dieron luz verde a la inversión de 17 millones de bolívares, en créditos adicionales, para comenzar la construcción de la Unidad de Vías Digestivas y el Edificio de Medicina Nuclear en el Hospital Central Antonio María Pineda.
Para la unidad de vías digestivas se aprobaron BsF. 7,8 millones, mientra que la sede de medicina nuclear tendrá BsF. 10,8.
Foto: Elías Rodríguez
