Cuando uno llega a Venezuela le aclaran que el agua del grifo no se toma. Algunas casas cuentan con purificadores, en otras la hierven antes de consumirla y muchos directamente compran agua embotellada.
Entonces, ¿por qué la calidad del agua se ha convertido en tema de debate en las últimas semanas?
La polémica -como suele pasar en este país en casi todos los ámbitos- contaminó el tema, que se instaló en el debate público luego de que a principios de febrero la rotura de una tubería ocasionara un derrame de crudo durante 20 horas sobre el río Guarapiche, en el estado Monagas.
El incidente dejó casi un millón de personas en Maturín, capital de Monagas, clic sin agua durante 44 días.
Al mismo tiempo que la situación en Maturín no se terminaba de solucionar, comenzaron a aparecer reportes en los medios de comunicación sobre derrames de menor envergadura en otros puntos del país y cuestionamientos sobre la calidad del agua en la región central de Venezuela.
Agua, ¿potable?
Las autoridades destacan que Venezuela alcanzó las Metas del Milenio establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cuanto al acceso al agua potable.
Más del 95% de la población cuenta con acceso a agua potable, mientras que ese porcentaje era del 80% en 1998, asegura el gobierno.
Las cifras van en línea con lo que ha ocurrido en el resto del mundo. clic Según la ONU, cerca de un 89% de la población mundial ya tiene acceso a agua limpia, un porcentaje que se espera incrementar al 92% en tres años.
En la región, a modo de comparación, Perú cuenta con 93,3% de hogares con acceso a aguas tratadas mientras que en Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 40,3% de personas hirve el agua antes de tomarla, el 33,5% la toma tal como llega al hogar y el 21,9% compra agua purificada.
Allí, a diferencia de Colombia -donde el 93% de la población tiene acceso a agua potable-, en las grandes ciudades no se suele tomar directamente del grifo.
La calidad del agua en el país vecino no genera debate ni preocupación, algo que parece confirmar las cifras del Observatorio Ambiental de Bogotá, que divulga información sobre la potabilidad.
Sin embargo, en Venezuela la historia parece ser otra.
«Muchas dudas»
Edison Durán Lucena, director de la fundación Movimiento por la Calidad del Agua, desestima las cifras de acceso a agua potable que muestra el gobierno.
«Consideramos que son un indicador de cobertura, pero no de calidad. Es agua de grifo directamente pero no cumple con todas las normas sanitarias», le dice a BBC Mundo.
A través de la fundación, Lucena lleva dos años denunciando la contaminación de las aguas que -mediante la cuenca del Lago de Valencia- llegan a unas tres millones de personas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
El agua que se consume en Valencia -la tercera ciudad del país- tiene como origen el Embalse Pao-Cachinche, el cual también es el receptor final del 80% de las aguas servidas de esta ciudad.
El Movimiento por la Calidad del Agua, que el año pasado denunció la situación en el marco del Examen Periódico Universal correspondiente a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha contratado a laboratorios independientes, certificados por el Ministerio para el Ambiente, que han constatado excesos de cloro y aluminio en las aguas de la región central del país.
Durán cuenta que acudió dos años atrás al Tribunal Supremo de Justicia para que se divulgue la información sobre la potabilidad de las aguas pero el pedido fue denegado y asegura que han enviado a los organismos competentes los informes técnicos.
El director critica que no se cumpla con el artículo 66 de la Ley orgánica para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Dicho artículo establece que «los prestadores de los servicios deberán publicar periódicamente (…) información actualizada sobre los niveles de calidad de los servicios que están siendo prestados».
«Nos despierta muchas dudas que el Estado presente tantas trabas para acceder a esta información, algo está pasando», señala Durán.
Información «con aval técnico»
Cuando comenzó la polémica, el presidente Hugo Chávez se quejó de los informes de prensa y poco después la Fiscalía General determinó que los medios debían actuar «con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano».
La fiscalía decidió entonces que los periodistas que escribieran estas historias tenían que «contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente», lo que fue criticado por políticos de la oposición y organizaciones defenseras de la libertad de prensa como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras.
De acuerdo a las autoridades, las plantas venezolanas cumplen parámetros internacionales para el control de calidad del agua.
«Esa información se toma todos los días en Venezuela, de acuerdo al protocolo de ensayo y allí están los informes. Ellos (la oposición) no han sacado ningún informe. Están tratando de crear un estado de pánico en la población», dijo el ministro para el Ambiente, Alejandro Hitcher.
El funcionario añadió que el Ministerio de Salud no ha reportado al Ministerio para el Ambiente sobre «afectaciones» en personas por el consumo o uso de aguas contaminadas.
Pero la polémica por el agua continúa, algunos beben de ella, otros la dejan correr.
