Familiares de los ex funcionarios de la Policía Metropolitana condenados por los hechos del 11 de abril denunciaron que a más dos años de vencido el lapso procesal para acceder a medidas alternativas de cumplimiento de condena les niegan estos beneficios legales por motivos políticos.
A través de un comunicado que circuló este sábado la esposa del ex inspector en jefe Héctor Ravaín se refirió a las irregularidades que se configuran en nuevas violaciones de los derechos humanos de los llamados presos políticos, por parte de los poderes Judicial y Ejecutivo.
“Ya pronto a cumplir 9 años de la injusta privación de la libertad de los PM, damos cuenta de cómo en su contra continua la aberración jurídica y administrativa al no otorgarle alguna de las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas. Ya habiendo cumplido todos los requisitos establecidos en el Art 500 del COPP y más aún habiendo pagado las costas procesales, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no ha enviado hasta la fecha al tribunal que lleva esta causa el oficio notificando la favorabilidad de la evaluación psicosocial que se les hiciera meses atrás”, señala el texto.
De acuerdo con lo señalado por estos familiares, el tribunal de ejecución que conoce el expediente de los ex funcionarios ha ordenado de manera reiterada la realización de tales exámenes, así como “otras diligencias jurídicas a dependencias como circunstancias que deben concurrir para el otorgamiento de alguna de las referidas fórmulas”.
En el marco de lo infructuoso que han resultado estas gestiones, los denunciantes señalan el caso particular de Marco Javier Hurtado, Hector Rovain, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Perez, “quienes ya han cumplido más de la mitad de la condena y restándole a ella el tiempo por redención de pena por estudio y trabajo, les correspondería ya la libertad condicional”.
Ante estas circunstancias, se dirigieron a la ministra Iris Varela para exigirle que cumpla con la legislación en materia penal que que no hace distinciones políticas.
“Ciudadana ministra, esto no es una caso ni ideológico ni político, es meramente jurídico. Así pues que la instamos a que remita los oficios indicando la favorabilidad de esos ex funcionarios al tribunal que lleva la causa”, expresa el comunicado.
