No puedo ni siquiera imaginarme los pensamientos que pasarían por la cabeza de una persona que llegara hoy a Venezuela, procedente de cualquier otro país del planeta, y al revisar algún periódico, tropezara, de improviso, con las últimas declaraciones proferidas por la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz.
Leamos atentos, puestos en el lugar del desprevenido turista, acabado de bajar del avión, desde, pongamos por caso, la primorosa ciudad de Lucerna, a orillas del lago de los Cuatro Cantones, en Suiza:
«No se puede informar como cierto algo de lo cual no se tiene certeza, porque se estaría dando información falsa. Informar, por ejemplo, que el agua para el consumo humano está contaminada, eso asusta a la población: genera miedo, temor e incertidumbre; y puede generar incluso una psicosis colectiva».
Esas palabras, con todas sus comas y prevenciones, las dijo la Fiscal. Palabras correctas, conceptos irrefutables, divagará nuestro anónimo visitante, quien no perderá de vista que si bien su tierra es privilegiada en esta materia, al punto de que los tres ríos más caudalosos de la Europa occidental (Rin, Ródano y el Inn) se originan en los Alpes suizos, también allí se presenta la terrible paradoja con que la Naturaleza pone a prueba a la raza humana y su posibilidad de supervivencia: apenas 2% del agua pluvial llega a ser agua potable.
Pensará el visitante (imaginario, recordamos, por si acaso) que Venezuela es un país hecho y derecho, con un Gobierno responsable, fiel cumplidor de sus deberes. Un Gobierno decente, en una nación ordenada, concluirá, justo para enterarse, luego, de que según la Constitución de 1999, la Fiscal, junto al Defensor del Pueblo y el Contralor, forman parte, cada uno por su lado, con autonomía funcional y financiera, del Consejo Moral Republicano, cuya misión es nada menos que la de investigar y sancionar «los hechos de la Administración que atenten contra la ética».
¡Bravo!, se habrá levantado de su asiento el aludido visitante. Qué bien servido se encuentra esta villa suramericana, concluirá. Si él está medianamente enterado de nuestra historia, tendrá en cuenta la hermosísima inspiración de este Poder Moral: la idea expuesta en 1819 por el Libertador Simón Bolívar, en el Congreso de Angostura. Y si el forastero que nos ocupa lleva más atrás el repaso histórico, recordará la severa figura del censor, en la antigua Roma republicana, encargado de elaborar las listas negras de personajes que por ser considerados indignos, a causa de sus desviaciones morales o ambición exagerada, no podían ejercer cargos públicos. (¿A quién pondría usted de primero, hagamos ese ejercicio, nada ocioso, en la Venezuela actual, entre quienes están ya en el Gobierno, y los que revolotean, por los lados de la oposición?)
Ahora, ¿no se derrumbaría toda la ilusión del suizo de nuestro cuento, igual si fuese un ciudadano de Canadá, o costarricense, o de Chile, o de Madagascar, si sale a las calles, pregunta, indaga, y se entera de que la Fiscal sólo atendía, a título de subordinada, una orden del Presidente, dada en cadena de radio y televisión, unas horas antes?
¿Cómo ubicar la diligencia de la «censora» criolla, al anunciar que le abrirá una averiguación penal a todo aquel que hable de agua contaminada, a propósito de un derrame petrolero que duró 24 horas en Monagas, sobre su principal río?; o, como ocurre en las entidades del centro del país, con sus represas convertidas en cuerpos apestosos, verdes, enfermos, plagados de bora y lemna, vaciados de oxígeno, la flora visiblemente degradada, con más de diez años sin programas de mantenimiento en las plantas de tratamiento de aguas negras y en las de potabilización, todo dentro de un cuadro sanitario en que las comunidades abastecidas aparecen cundidas de enfermedades en la piel, en los ojos, obligadas a consumir agua intragable, sospechosa, con una dosis de cloro diez veces por encima de la normal.
Los medios, siempre los medios, no podrán decir que un agua está contaminada a menos que soporten esa denuncia con un informe técnico, dice la Fiscal. Un informe técnico del Gobierno, pudo haber aclarado, porque de lo contrario será, simplemente, información falsa. Es decir, deberá probarse que un agua no es potable, así para el ojo, el gusto y el olfato, hayan dejado de ser, como nos enseñaron en la escuela, incolora, inodora a insabora. No importa lo que nos digan los sentidos, ni los intestinos, siempre engañosos. Tendremos que desconfiar de ellos de ahora en adelante. Vale la palabra oficial.
Y, ¿no tiene que probarnos el Gobierno que el agua que consumimos es potable? -quiso saber un reportero, inoportuno, lacayo del Imperio.
No, atajó la Fiscal. El agua es un derecho humano y ya el ministro del Ambiente, Álvaro Hitcher, entregó informes que dan fe de su salubridad, así como de la óptima situación de todas las plantas de tratamiento del país y del protocolo internacional de medición que se le sigue a cada gota de agua, charca, vapor o rocío, sobre la geografía nacional.
Fue entonces cuando la funcionaria largó la madre de las tesis jurídicas, en lo que va de los trece años de revolución. Me hizo recordar, en ese punto, por cierto, a Marco Tulio Cicerón, sus catorce Filípicas, y aquella proposición suya de cuando dijo que la verdad se corrompe tanto con la mentira, como con el silencio. «Debo partir del principio de inocencia. Debo partir de que el agua del país no está contaminada; esa es la premisa». Esto dijo la Fiscal, no Cicerón, cosa que debe ser centrada, en tiempos tan puntillosos como los que corren.
El credo de la garante de la legalidad podría ser sintetizado así: el Gobierno no tiene que probar nada. Se presumirá siempre su inocencia. En cambio, nadie que vea, o sienta, algo raro en el agua que consume, podrá conjeturar. En esta eventualidad se debe presumir la pureza del agua, inocente también. ¿Y los peces muertos, por asfixia, en el río Guarapiche, señora Fiscal? ¿Qué tiene para ellos el Código Penal?
«Yo tengo que partir del supuesto de que todos los venezolanos son inocentes», asienta Ortega Díaz. Lo demás es infundir miedo, crear zozobra. Todo tendrá que ser probado, soportado en informes científicos.
Ya a estas alturas, el suizo recién llegado al país estará alterado. Patidifuso. Querrá saber, por ejemplo, cómo demonios es que la misma fiscal Ortega Díaz, tan amante de la verdad y de presumir inocencias, al ser abordada días después sobre la espantosa muerte de Karen Berendique, hija del cónsul de Chile en Maracaibo, lo calificó no de de suceso monstruoso, bochornoso, que en efecto lo es, sino de «hecho aislado». ¿Para no crear pánico? Sin duda, los doce bárbaros policías del Cicpc que aparecen involucrados, habrán suspirado, con alivio. Vaciaron las balas de cinco pistolas sobre la camioneta en que viajaba la muchacha, sólo porque no se atendió la voz de alto en una alcabala improvisada, y golpearon a su hermano, bañándolo de insultos, mientras a su lado Karen se desangraba, sin prestarle ni dejar que se le prestara auxilio alguno. Pero formó parte de un hecho aislado. Decir eso justifica, en lugar de condenar. ¿Hay forma más burocrática, descuidada y cruel, de referirse al asesinato de una estudiante de 19 años, que insertarlo en las frías estadísticas como una borrosa nota al margen? Y ¿dónde queda la presunción de inocencia en el caso de Karen, antes, y, sobre todo, después de muerta? Por Dios, ningún crimen es un hecho aislado, y éste fue un hecho salvaje, atroz. Esa frase debe ser borrada, forma parte del léxico de la impunidad. No lo fue la muerte de Cristo, en el Gólgota, aunque nunca antes, ni después, otro hijo de Dios fue conducido al madero de los tormentos. ¡Un hecho aislado…! ¿Sería capaz de decírselo, a sus padres, mirándolos a los ojos?
Pruebe usted, señora Fiscal, su teoría, peregrina y remendada. ¿Un hecho aislado en un país donde, según el propio Ministerio Público, que usted encabeza, entre los años 2000 y 2008 se registraron 7.000 ejecuciones extrajudiciales, y menos del tres por ciento de las violaciones a los derechos humanos concluyeron en juicio?
Dice usted que los periodistas debemos pedir pruebas. Pues, habrá que tomarle la palabra. Y en efecto, por su intermedio exigimos que el Presidente diga en qué se basa para hablar de terrorismo en este asunto del agua contaminada. ¿No causa esto angustia en la población?
Otro casito. ¿Qué tal, señora Fiscal, la presunción de inocencia de la jueza María Lourdes Afiuni, juzgada y condenada ¡a 30 años! antes de pisar el tribunal? Y, hablando de apego a la verdad, y de informaciones que causan angustia, sería bueno, además, que le arrancara al Presidente las pruebas del intento de liquidar físicamente a Henrique Capriles Radonski. Y, de paso, en otra carpeta podría incluir las evidencias de que Estados Unidos provocó el terremoto de Haití e «indujo» el cáncer en la humanidad de varios presidentes latinoamericanos. Otras pruebas anexas serían: la de que las FARC no son una organización terrorista; que a estas alturas, conforme a lo tantas veces prometido, se dispone de una red nacional de ferrocarriles; que el río Guaire es navegable desde 2006; que Venezuela está atiborrada de centrales azucareros cubanos, casas chinas, fábricas de tractores iraníes; que ya, el eje Orinoco-Apure promueve el potencial minero, agrícola, pesquero y forestal en las zonas media y sur del país. Y algo que no deja de intrigarnos: que el capitalismo acabó con la vida en Marte.
Hay muchas más pruebas que, en atención a su exhorto, deseamos exigir, pero comencemos con esas, señora Fiscal.
Repiques
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, libra una batalla contra las duplicidades de competencias en el Estado, provocadas por comunidades autonómicas. Leo en ABC que sólo Andalucía tiene 54 empresas públicas con un presupuesto de 5.282 millones de euros.
Leído en Twitter:
@ChavezOfficial: «A mí no me gusta cómo me pintan: Weil me pone como una bota, Edo me pone muy cachetón y Rayma ni me pinta… ¿Soy muy poca cosa para ella?»
@NoticiasVenezuela: «Capriles dice que pueden hacer merengada con él»
@monifernandez: «Si un día tropiezas y caes, haz como el Sol, que cae todas las tardes»
@Informe21: «Cincuenta años de la cartilla de racionamiento en Cuba»
Rodolfo Schmidt sostiene que tres días antes de asalto y asesinato de Karen Berendique, el mismo conductor, su hermano, en la misma camioneta Trail Blazer, desplazándose por el mismo sector de la ciudad de Maracaibo, había sido objeto de una intercepción rápida, violenta, inesperada de la que habría logrado escapar. Este es quizás el principal elemento del cuento, de donde derivan todo el resto de los eventos.
El Nuevo Herald acaba de publicar unas declaraciones de un desertor de la inteligencia cubana, quien asegura que Fidel Castro supo de los planes para asesinar en Dallas al presidente John F. Kennedy. Su trabajo, en La Habana, era seguir desde un centro de comunicaciones las señales de espías de la CIA, pero un día, repentinamente, el 22 de noviembre de 1963 le cambiaron de misión: concentrarse en Texas, estar atento a «cualquier detalle, por pequeño que fuese, en Texas». Tres horas después reportó, asombrado: el asesinato de Kennedy. «Castro lo sabía», le dijo el agente de inteligencia a un interrogador de la CIA varios años después, tras desertar a Estados Unidos. «Ellos sabían que iban a matar a Kennedy».
«Después del 7 de octubre emergerá un país esencialmente difícil, más que el que tenemos hoy. Gane quien gane, sea Hugo Chávez o el candidato de la oposición. Viene un país tremendamente complicado», escribe el sociólogo Ramón Piñango.
Me cuentan que las universidades Fermín Toro, Santiago Mariño y Bicentenaria de Aragua, y los institutos Antonio José de Sucre y Fermín Toro, que agrupan a 70.000 estudiantes, atraviesan por una delicada situación por el conflicto entre herederos. El Gobierno, que pensaba intervenir, ahora se muestra cauto.
Hay encuestadoras que hacen su agosto, acomodando cifras y atmósferas al mejor postor. «Filibusteros» los ha llamado Pedro Lastra. Convierten las muestras de opinión en sesgados instrumentos de mercadeo. ¿No recuerdan que Hinterlaces aseguró que en las pasadas elecciones parlamentarias Henri Falcón sacaría ocho de los nueve diputados de Lara, y que Datanálisis vaticinó que el oficialismo arrasaría en el país, con 124 escaños? En medio de tanta guerra de números se cuela esta muestra de Consultores 21, finalizada el 13/03: HCF 46%- Capriles 45%, con 2.000 entrevistados; error 2,3%. Pero es preferible no creer en nada de eso, y trabajar duro.
