Entre las propuestas que los diputados de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional escuchan para la elaboración del Código Orgánico Penitenciario (COP) se encuentra la eliminación de la figura de los jueces de ejecución, a objeto de resolver un “cuello de botella” que incide en el retardo procesal.
La diputada Isabel Lameda, integrante de la comisión parlamentaria, señaló que se espera pasar las competencias hacia los jueces de juicio, para de esta forma agilizar los procesos judiciales y evitar la demora que afecta a gran parte de la población penitenciaria.
Este viernes, en Barquisimeto se llevó a cabo la segunda consulta del proyecto legislativo, que espera ser discutido en el seno de la AN entre mediados o finales del mes de abril, en un encuentro celebrado en la sede de la Corporación Jacinto Lara (antiguo Fudeco). La recepción de propuestas comenzó en la ciudad de Valencia.
En el evento participaron Yanina Karabín, presidenta de Circuito Judicial Penal del estado Lara; William Guerrero, fiscal superior del Ministerio Público; la Defensoría del Pueblo del estado Lara, la Guardia Nacional y representantes comunitarios del sector Uribana, junto con el pastor Santiago Travieso, como miembro de una organización religiosa que trabaja en el penal. Además se invitó a funcionarios de la Alcaldía de Iribarren, representantes del Colegio de Abogados, el Frente Socialista de Abogados y las universidades Fermín Toro y Yacambú.
Asimismo, en el proyecto se estudia la posibilidad de incluir en el ámbito de aplicación de esta ley a quienes se encuentran detenidos en los centros penitenciarios mientras atraviesan una situación “interprocesal” (procesados) y aquellos que ya han recibido una sentencia firme de parte del Poder Judicial (penados). Esto sería un reconocimiento expreso de la población que se encuentra en las cárceles.
Clasificación legislada
Asimismo, en el proyecto de ley se espera incluir la clasificación de los privados de libertad en las consideraciones de mínima, media y máxima; según el delito por el cual están acusados. De esta forma se espera evitar la convivencia entre un delincuente primario (como un asaltante, por ejemplo) con criminales de mayor peligrosidad como violadores, secuestradores y asesinos, entre otros.
“Eso es un gran logro porque permitiría atender, en forma casuística, a cada uno de los privados de libertad y eso implica que hay un equipo interdisciplinario que estudia caso por caso para hacerles seguimiento, porque la idea no es solamente colocarlos en una gaveta con una etiqueta”, dijo Lameda.
Cabe destacar que la clasificación de los presos en áreas de mínima, media y máxima; es una metodología que se aplica en las cárceles, pero que no está establecida en la ley.
Tal vez su inclusión responde a que en la actualidad esta subordinación no se cumple, debido a la falta de control de las autoridades en las cárceles.
Foto: Billy Castro
