Con la puesta en marcha de la Ley de Costos y Precios Justos, mayores son las dudas que las certezas en cuanto al éxito de la medida y su influencia en la disminución de la inflación.
El abogado Jesús Guillén realizó algunas consideraciones sobre el tema, mediante un análisis detallado de los efectos e implicaciones de la normativa en el proceso productivo, en la inflación, abastecimiento, entre otros aspectos.
En primer lugar, Guillén critica la intención del Gobierno nacional de desconocer la incidencia que los impuestos tienen sobre las estructuras de costos de las organizaciones. “El tema de los impuestos es demasiado serio para dejarlo solo en manos de los técnicos o de los políticos. Mucho más crítico es dejarlo en manos de la ignorancia, del desconocimiento y de fines que constituyen formas de expresión de acción pública contrarios a la racionalidad, a la observancia del desarrollo económico y de la conducta de los agentes económicos, tanto el Estado como los particulares”.
El especialista en derecho tributario recordó que en días pasados, el Presidente de la República afirmó que no permitiría que los empresarios trasladen a los costos los impuestos al valor agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISLR). “La voz suprema del régimen económico comunal, desconoce así la incidencia del impuesto, su formación e integración a los precios finales de bienes y servicios”.
Guillén destaca que el mandatario nacional desconoce “los efectos nocivos en la producción de bienes y servicios que representa un IVA cargado de exenciones”. Además, la realidad empeora con las regulaciones de precios y el control cambiario, que afectan significativamente la estructura de costos de las empresas. “Si a eso se le agrega la cantidad de impuestos a los ingresos brutos bajo disfraz de la denominación de aportes o contribuciones parafiscales como Fona, Fonacit, Inces, Ivss, entre otros, se crea un desestímulo a producir, donde hay más demanda que oferta y escasez que nos lleva a la inflación”.
En este sentido, las excesivas cargas económicas y regulaciones sobre el sector empresarial se trasladan a las estructuras de costos de las organizaciones e impactan inevitablemente la estabilidad económica de los venezolanos.
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