La medida acordada por el Tribunal 25° de Control de Caracas, que condiciona la información que publican los medios sobre las deficiencias en el sistema de tratamiento de agua potable, viola la Constitución y las leyes.
Así lo expresó el miembro del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, al referirse al intento del Ministerio Público por controlar la difusión de las versiones que han trascendido sobre la presunta nocividad del líquido que reciben los habitantes de estados como Carabobo, Aragua y Monagas, a través de sus grifos.
«Es una medida manifiestamente inconstitucional en virtud de que establece una modalidad de censura previa, lo que en nuestro país está prohibido por mandato de la Constitución», manifestó el abogado en declaraciones a EL IMPULSO.
Así mismo, la decisión también resulta ilegal, entre otros aspectos, porque tiene efectos nacionales a pesar de haber sido dictada por un despacho de primera instancia cuya competencia tiene rango regional.
«El tribunal que dicta la medida está radicado en Caracas, y tiene una jurisdicción y competencia territorial muy bien definida; no obstante esto, pretende hacer valer esta decisión en el ámbito nacional lo cual es una absoluta demostración de que se trata de un exceso en las funciones del Poder Judicial. Las decisiones que toma un tribunal de este tenor no pueden tener impacto nacional porque esta excediendo su competencia territorial y es contrario a lo que dispone el COPP y la Carta Magna», alertó.
En opinión del experto en materia penal y derecho internacional, se nota el trasfondo político..
«Esto es un indicativo de que el objetivo de ese acto judicial no es otro que el de tratar de ocultar verdades sobre hechos que en efecto están sucediendo y dejan muy mal parado el desempeño del poder en torno al manejo de nuestros recursos energéticos», manifestó Himiob.
Dependencia política
Por otro lado, el jurista cuestionó la justificación utilizada por la titular del Ministerio Público al solicitar la medida cautelar, que alega una supuesta afectación psicológica de la población, que «se asusta» cuando oye hablar sobre agua contaminada, según declarara el miércoles Luisa Ortega.
«De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, una información que trascienda desde cualquier parte del país, y que de alguna manera pueda inquietar a la ciudadanía, en todo caso podría estar sujeta a control posterior si se demostrara su falsedad o su carácter malintencionado. Pero si esta información resultara ser cierta, más daño se le hace a la comunidad tratando de ocultarla que denunciándola, por muy grave que sea la inquietud», explicó Himiob.
Recalcó que en este caso, el límite debe ser «la verdad», lo que no ha demostrado la fiscal general de la República cuando fija como base para actuar la supuesta confiabilidad del Ministerio del Ambiente.
En opinión del abogado, lo que debió haber hecho la vindicta pública fue investigar si las denuncias sobre la contaminación del agua que se se vienen formulando desde hace un tiempo son ciertas, en lugar de calificarlas como falsas.
Sin embargo, «no es la primera vez que el Ministerio Público en lugar de dedicarse a buscar la verdad por las vías jurídicas, que es lo que le obliga la Constitución y la ley, se dedica más bien a legitimar los discursos políticos que se dictan desde el poder Ejecutivo, lo que revela su absoluta dependencia al proyecto político de Hugo Chávez».
Henrique Capriles: «Lo peor es tratar de tapar la información»
Para el candidato presidencial de la unidad, Henrique Capriles, «el problema de la contaminación no se resuelve generando decisiones en los tribunales para tapar las denuncias que hace la comunidad… Lo peor que usted puede hacer es tratar de tapar la información».
Instó al gobierno a «hacer todas las pruebas, y si el agua está contaminada usted le tiene que decir al pueblo que el agua está contaminada y que usted va hacer todo lo que tenga que hacer para acabar con la contaminación».
AP
