El Colegio Naiconal de Periodistas expresó en un comunicado su rechazo a la «instrumentación de una campaña de silenciamiento» por parte del Gobierno Nacional, el cual pretende instaurar una censura en los medios ante el tratamiento del tema de la contaminación del agua en el país.
Lea a continuación el comunicado completo:
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alerta al pueblo de Venezuela de la instrumentación de una campaña de silenciamiento que desde las alturas de los poderes constituidos en el país se pretende instaurar, al querer desviar la atención de los problemas más apremiantes que enfrenta la sociedad hacia la actuación de los medios de comunicación, pretendiendo generar censura e imponer una agenda informativa alineada a la hegemonía comunicacional que anunció el actual ministro de Información y Comunicaciones, Andrés Izarra, hace varios años.
El llamado público que el presidente Hugo Chávez hizo a la Fiscalía General de la República fue atendido ancilarmente el día de ayer, cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aduciendo una denuncia interpuesta por “tres ciudadanos” anunció una investigación a los medios de comunicación que han estado informando sobre la situación del agua potable en varias entidades federales, y a la vez que notificó que para que un medio informe sobre problemas de contaminación de las aguas debe presentar un estudio técnico.
El Colegio Nacional de Periodistas, por medio de su Junta Directiva Nacional, rechaza enérgicamente la pretensión de silenciar las críticas a la gestión ambiental del gobierno y que para ello se haya argumentado la obligación constitucional de publicar información “veraz y oportuna” para justificar la censura. Les recordamos a las autoridades que el deber de un periodista está en defender el derecho de la población a estar debidamente informada y de ser canal de sus inquietudes, independientemente de si los contenidos les son favorables o no al gobierno de turno, y que la función de los órganos del Estado es atender las quejas de la población y no perseguir a quienes dan a conocer esas quejas. No es con silencio como se resuelven los problemas de contaminación que afrontan las poblaciones de Monagas, de las de Aragua y Carabobo que dependen del suministro de agua del embalse Pao-Cachinche, del Zulia o las zonas adyacentes al Complejo Petroquímico de Jose, en Anzoátegui.
Las declaraciones de Ortega Díaz se dan en un contexto de amedrentamiento y desprestigio desde los medios del Estado hacia periodistas y caricaturistas (como son los casos de Rayma Suprani y Roberto Weil, quienes con el mayor cinismo son acusados de los mismos excesos que nosotros hemos señalado que existen en el programa de televisión –La Hojilla– desde donde se lanzan estos señalamientos), así como de la aplicación discrecional de la justicia, que actúa expeditamente o se queda en el limbo burocrático, dependiendo de la posición política del agraviado. En este sentido esperamos que la autoridades investiguen los innumerables casos de agresiones a periodistas que se olvidaron en las gavetas de la Fiscalía, como el de los periodistas de Últimas Noticias en 2009, con la misma diligencia con que se iniciaron las averiguaciones de una denuncia de agresión interpuesta por la reportera Llanfrancis Colina, de Venezolana de Televisión, contra el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, hecho del que exigimos que se llegue hasta el fondo y se aplique la justicia con todo rigor.
El Colegio Nacional de Periodistas expresa su preocupación por este ambiente de crispación cuando aún faltan siete meses para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Creemos que es necesario que el gobierno nacional asuma seriamente sus responsabilidades y dé respuesta oportuna y veraz a las quejas y preocupaciones de los ciudadanos, y no que pretenda que los periodistas nos convirtamos en meros voceros de las autoridades. A nuestros colegas les decimos que a pesar del peso de la coacción ejercida desde las alturas del poder, la ética de nuestra profesión nos impone priorizar el interés del pueblo venezolano por encima de cualquier otro.
Caracas, 22 de marzo de 2012
