El Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar que obliga a los medios de comunicación a que las noticias sobre la presunta contaminación de aguas incluyan informes técnicos avalados por un organismo gubernamental.
La Fiscalía General dijo el jueves en un comunicado que la medida exige a los medios que “actúen con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano”.
Debe “contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”, señaló.
La decisión fue rechazada por los medios de comunicación y dirigentes sindicales que consideraron la medida como violatoria del derecho a la libertad de expresión.
La medida fue aprobada por el tribunal en medio de la polémica desatada por las denuncias que han difundido medios locales sobre la supuesta contaminación de algunos ríos y un lago que alimentan las plantas de tratamiento de aguas en el centro y oriente del país.
El tribunal emitió la medida cautelar a solicitud del Ministerio Público.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz defendió el jueves la decisión y aseguró que lo que se busca es “garantizar los derechos de los ciudadanos al reivindicar el principio de recibir información objetiva, veraz y oportuna”, reseñó el Ministerio Público en un comunicado.
En declaraciones a la televisora estatal Ortega Díaz descartó que la acción esté dirigida a cercenar el derecho a la comunicación, y afirmó que buscan que haya “información veraz, fluida y cierta” en el caso.
“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable”
Asimismo, negó que las autoridades pretendan tomar acciones contra los medios, pero que esperan que estos “cumplan con su responsabilidad y labor”.
El Colegio Nacional Periodistas del estado centro costero de Carabobo rechazó las limitaciones e hizo un llamado al Estado a que “cumpla con su obligación de garantizar y vigilar el ejercicio de la libertad expresión, así como establecer los mecanismos necesarios para que predomine la pluralidad informativa”.
Agregó en un comunicado difundido por el canal de noticias Globovisión que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas”.
Diarios y televisoras locales han difundido denuncias hechas por gobernadores opositores, ambientalistas y técnicos independientes que aseguran que están contaminados algunos ríos y un lago que alimentan las plantas de tratamiento de aguas en el centro y oriente del país.
Las autoridades han rechazado reiteradamente las denuncias de contaminación de las aguas.
Ortega Díaz informó que se abrió una investigación sobre las denuncias de presuntas aguas contaminadas por solicitud de tres ciudadanos que se quejaron del manejo informativo del caso.
El anuncio de la fiscal general se dio un día después que el presidente Hugo Chávez instó al Ministerio Público y el Tribunal Supremo a abrir una investigación a opositores y medios de comunicación que han denunciado la presunta contaminación de las aguas que alimentan las plantas de tratamiento del centro del país que son controladas por el gobierno.
Chávez consideró como una “propaganda de guerra” y una acción de “terrorismo” las denuncias sobre las aguas contaminadas, y exhortó a Ortega Díaz, y a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, a que asuman su “responsabilidad” en el caso.
