Desde la semana pasada, cuando en el Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) se exigió la destitución de tres directores de la Gobernación, por presuntas irregularidades en los decretos para la reconducción presupuestaria de este año, en la sede del Ejecutivo regional todavía no se reciben formalmente las participaciones escritas de la resolución.
Además de la reticencia a recibir las comunicaciones, la calificación de “inmorales” expresada el lunes por el gobernador Henri Falcón contra los diez diputados que pidieron la salida de los directores Erick Pérez (Planificación y Presupuesto), Ana Luisa Angulo (Consultoría Jurídica) y Nelson Mujica (Imprenta del Estado), llevaron a los diputados a discutir la situación en la sesión ordinaria de ayer.
El debate lo inició el diputado Jhonny Narváez, presidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, quien recordó que el mandatario regional, como profesional del derecho, debe reconocer que las leyes no exhortan sino que obligan a los ciudadanos, por lo cual debe cumplir con el mandato aprobado por las dos terceras partes del Parlamento regional.
“Si es un reto que nos está haciendo (Falcón), pues que cuente con que vamos a seguir acudiendo a las instancias necesarias, porque respetamos la Constitución y las leyes. Hoy esta gente que se monta en el ‘autobús del retroceso’, insiste en el formato del año 2002 de desconocer las instituciones”, dijo.
Por su parte, la diputada Leyda Lara, miembro del grupo de opinión formado por los diputados del “PPT Originario”, quienes con la bancada del PSUV votaron las destituciones, recordó que también hay una solicitud de investigación contra los directores, la cual se enmarca dentro del deber de los diputados de velar por la administración pública, más cuando “se desconoce a las instituciones”.
Luego de haber discutido el tema, los parlamentarios acordaron acudir a las instancias pertinentes, a los fines de que se haga cumplir el mandato hecho a la Gobernación.
A puertas cerradas
Un grupo de personas estuvo aglomerada frente al Palacio Legislativo, cuya entrada principal estuvo cerrada en la mañana de este martes. Esto se debió a que la sesión ordinaria se realizó “a puerta cerrada”, luego de la remoción de diez de los catorce efectivos de la Policía de Lara, encargados de la custodia y seguridad de las instalaciones y el personal.
La decisión, que no fue bien recibida por la mayoría de los diputados, se discutió durante la sesión entre los diputados pesuvistas, que rechazaron la medida y la consideran como una retaliación por parte de Henri Falcón, y los opositores que trataron de justificar la medida como una decisión de carácter técnico, debido a la necesidad de organizar la vigilancia en los edificios públicos del estado; además esperan que el Parlamento pueda conversar con el mandatario para definir la pronta reincorporación del personal.
No obstante, ante un acercamiento sin resolución alguna con Teodoro Campos, secretario general de Gobierno, el presidente del Parlamento, Orlando Miranda, contactará al general Jorge González Arreaza y la alcaldesa Amalia Sáez, a los fines de lograr la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Iribarren.
Foto: Elías Rodríguez
