Karen Vannesa Beredique Betancourt fue sepultada este sábado en Jardínes La Chinita.
Se conoció que los 12 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes fueron arrestados por la muerte de la hija del Cósul de Chile en Maracaibo, fueron trasladados a la sede del Comando de la Policía de San Francisco (Polisur) para luego ser presentados ante el juez esta tarde.
A los funcionarios se les asignó dicha sede como centro temporal de reclusión mientras realizan las investigaciones pertienentes. Esta tarde serán llevados ante un juez para que rindan las declaraciones.
Una fuente ligada a la investigación dijo que ya se sabe que fueron cinco los funcionarios que dispararon en contra la camioneta TrailBlazer la noche del viernes pero para tener transparencia en el proceso investigativo se decidió desde la dirección nacional del CICPC detener a todo el grupo que participaba en ese momento en un operativo para atacar el robo y hurto de vehículos en la zona donde ocurrió el lamentable suceso.
Karen Berendique de 19 años -hija del cónsul de Chile, en Maracaibo, Fernando Berendique Benavente-, falleció la noche del pasado viernes luego de que un grupo de funcionarios del Cicpc dispararan contra la camioneta donde se desplazaba con su hermano. El hecho ocurrió entre el barrio Teotiste de Gallego y la urbanización Montebello, a tres cuadras de la iglesia San Ramón, sector donde residía con sus padres y el resto de sus hermanos.
La joven iba camino a un rencuentro con sus compañeros de bachillerato del colegio Alemán, institución donde Karen Vanesa cursó sus estudios.
Una fuente vinculada al poder judicial le reveló a NAD lo que podría suceder en la audiencia de presentación de los doce imputados. En una acción ajustada a derecho sólo serían privados de libertad los funcionarios que efectuaron la mala practica policial y dispararon sus armas. Evidentemente que las balas que alcanzaron en la cabeza, nuca y meñique a Karen Vanessa, no surgieron de todas esas pistolas. El proyectil que le fue extraído a la joven estudiante fue accionado por una pistola Glock y la experticia balística determinara quien la accionó. En estos recaría la mayor responsabilidad penal.
El declarante aseguró que si la decisión se realiza sin ningún tipo de presión, bien sea mediática o política, es posible que los funcionarios que se encontraban en ese momento apartados de donde ocurrió la balacera y que en ningún momento tomaron parte en ese tiroteó, sean liberados de acciones penales. Sin embargo, no están excetos a que sean sancionados administrativamente y para ello la Inspectoría General del CICPC, lo que en otros organismos policiales denominaban Asustos Internos, le abrió procesos administrativos a cada uno de los actuantes en ese lamentable suceso.
