El coordinador de la Comisión de Seguridad de la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Izquiel lamentó y condenó, en nombre de la alianza política, el crimen de la joven estudiante Karen Berendique, hija del Cónsul de Chile en la ciudad de Maracaibo, y exigió que hechos como estos, en los cuales presuntamente se encuentran involucrados funcionarios del CICPC, sean seriamente investigados y sus responsables sancionados de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.
Para el integrante del equipo técnico de la Unidad, sucesos como estos ponen de relieve la precaria situación de los cuerpos policiales en Venezuela, indicando que la última encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia señala que el 91% de los venezolanos no confían en las fuerzas de policía del país.
Tal situación, indica Izquiel, se debe, entre otros aspectos, a la alta tasa de inseguridad que predomina en el país y a que los propios ciudadanos desconfían de quienes están en la obligación de brindar protección, porque saben que algunos se encuentran asociados a trasgresiones de la ley y a la delincuencia. Tal es la situación, que el propio Ministro de Interior y Justicia ha reconocido que al menos el 20% de los delitos en Venezuela son cometidos por los propios funcionarios policiales. “Las ciudadanos se sienten desamparados ante este escenario, y no resulta extraño que sientan desconfianza ante las alcabalas policiales”, refirió el jurista.
Recordó que el Ministerio de Interior y Justicia aprobó en el 2006 una resolución que busca regular la instalación de alcabalas móviles en áreas urbanas y lugares públicos, señalando que todas ellas deben ser notificadas al referido Ministerio y deben estar debidamente identificadas con carteles que indiquen su ubicación, más aún, la instalación de las alcabalas deben ser coordinadas con las comunidades cercanas, tal y como lo indica la señalada resolución. Además los funcionarios deben estar debidamente uniformados y con cascos numerados. Nada de esto se toma en cuenta en la instalación de alcabalas.
Para Izquiel, llama la atención que el CICPC, que es un cuerpo destinado principalmente a realizar investigaciones penales esté ejerciendo funciones diferentes como es el caso de un operativo preventivo, por lo que esta irregularidad debe ser investigada de inmediato. “No solo se trata de arrestar a los funcionarios policiales que supuestamente están involucrados en el crimen, es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y eviten que miembros del CICPC continúen realizando alcabalas en el territorio nacional”, puntualizó.
Para finalizar, el Coordinador de la Comisión de Seguridad de la Unidad sostuvo que desde esa alianza política esperan que el asesinato de Karen Berendique, y la de muchos venezolanos que esperan justicia, no pase a engrosar la elevada cifra de impunidad que prevalece en el país, ratificando que desde el primer día del próximo gobierno de la Unidad Nacional se iniciará un proceso integral de depuración de los cuerpos policiales y cesará igualmente la impunidad de los que hayan violado o violen los Derechos Humanos de los venezolanos
