La Unión Internacional de Abogados, con sede en París, Francia, envió una comunicación al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, para que intervenga en el caso Afiuni con el fin de que se detenga la violación de sus derechos humanos y se haga justicia.
“En mi calidad de presidente de la Dirección de Derechos Humanos y Defensa de la Defensa, le escribo con el fin de manifestarle mi preocupación en relación con el estado de salud de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra detenida en prisión preventiva desde diciembre de 2009”, señala textualmente el comunicado fechado este viernes.
Específicamente critican severamente la decisión de prorrogar la medida de privación de libertad, luego de dos años presa sin que se haya efectuado un juicio.
«De acuerdo a las informaciones que hemos recibido, habría sido tomada sin respetar debidamente las disposiciones del Art. 244 del Código Orgánico Procesal Penal que prevé la celebración previa de una audiencia oral en presencia del imputado y de las partes, vulnerando así los principios universales relativos al debido proceso», señalan los juristas.
Agregan que esta decisión «no deja de afectar la evaluación que podría hacerse de la independencia de la justicia”, los que representa un un factor para hacerles presumir la existencia de lo que la defensa de la jueza ha denominado como el “efecto Afiuni”.
«En efecto, como ha sido recientemente señalado por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, no es raro que los actores judiciales decidan no actuar contra los intereses de ciertos grupos debido a que temen correr la misma suerte de la doctora Afiuni», señalan la asociación internacional.
Los juristas del mundo hacen la siguiente afirmación: que «una judicatura independiente es la clave para mantener el Estado de Derecho en una sociedad libre. La protección de los derechos humanos depende de la garantía de que los jueces sean libres y de que sean razonablemente percibidos como libres para pronunciar decisiones imparciales, únicamente basadas en los hechos y en las leyes aplicables en cada caso y para ejercer su papel de guardianes de la Constitución, sin ninguna presión o injerencia exterior».
Finalmente, la Unión instó a quienes integran el Poder Judicial venezolano a «garantizar y resolver el caso respetando plenamente los principios de independencia y de imparcialidad previstos por los estándares internacionales en la materia, incluidos aquellos que han sido consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela».
Foto: Archivo
