La permisividad y omisión de las autoridades competentes, como lo expresara el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, frente a los actos de violencia protagonizados por grupos para policiales, primero en Cotiza contra una manifestación pacífica encabezada por el Candidato Presidencial de la Unidad Nacional, Henrique Capriles Radonski, con saldo de un herido, y luego en el 23 de Enero con el lamentable resultado de dos muertos, convierten en cómplice al gobierno de Hugo Chávez, aunque algunos de sus voceros exhibiendo un cinismo propio de los regímenes fascistas, traten de culpar a la oposición y a los medios privados de comunicación social.
Los resultados de las elecciones primarias convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las que sufragaron más de 3 millones de venezolanos, no sólo ratificaron su esencia democrática, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo de la democracia en las elecciones del 12 de febrero, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es ratificar la necesidad del desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron al estudiante de Medicina, Ismael García, hijo del candidato de la Alternativa Democrática a la Alcaldía del Municipio Libertador, en un recorrido pacífico de la precampaña del candidato a la Presidencia de la República por Unidad Democrática, Henrique Capriles, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país, si el gobierno no procede a su desarme.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, algunos de esos grupos pareciera, que si no recibieron órdenes, podrían estar actuando con autonomía.
Una vez conocidos los resultados electorales de las primarias, comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que debió dar inicio a un desarme mental, como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y no contra la oposición democrática.
Pero lo que parece sencillo en la teoría, su aplicación en la práctica, requiere que el gobierno reconozca como un acto de profundo contenido democrático y pacífico el realizado el 12 de febrero pasado, y las elecciones primarias se conviertan en un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
El momento crítico que vive el país obliga a las mentes más sensatas a establecer puentes de entendimiento, el diálogo entre quienes piensan que hay que contener las peligrosas manifestaciones de violencia de los últimos días. Hay que ponerle un muro de contención política a los fanáticos que deciden actuar por cuenta propia, espoleados por el discurso desafiante y agresivo del Comandante Presidente, aunque no reciban órdenes directas. La oposición no debe caer en provocaciones y evitar la confrontación violenta, tal como lo viene `planteando y haciendo el candidato de la Alternativa Democrática, Henrique Capriles Radonski.
La experiencia histórica enseña que la violencia genera más violencia y que el valor cívico no consiste en echarle gasolina al fuego. La Alternativa Democrática ha trazado un camino exitoso y todo indica que la estrategia fundamental nos debe conducir a las elecciones del 7 de octubre, en las que Capriles Radonski puede obtener la victoria e iniciar un cambio importante en el país, sin retaliaciones, enrumbado hacia la consolidación de un Estado de Derecho, en el que prive la Constitución Nacional como el único y gran proyecto de una auténtica República de ciudadanos, para el progreso y bienestar de la mayoría de los venezolanos.
