Las XXXVII Jornadas Jurídicas Dr. J.M., Domínguez Escovar, que se realizan en el Colegio de Abogados del estado Lara, constituye la mejor oportunidad para informar que, aunque la Constitución del 99 estableció claramente un modelo procesal que debió presentarse inmediatamente, estamos de espaldas al proceso de reforma que ha debido darse.
Así, tajantemente, lo expresa en entrevista exclusiva para EL IMPULSO, el Dr. René Molina Galicia, quien ha sido profesor de pre y postgrado de la Universidad Central de Venezuela, inspector general de tribunales y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello.
Negación a la justicia
El destacado profesional del Derecho, a quien le ha correspondido la coordinación académica de este evento, dice que, a consecuencia de esta mora que se ha proyectado en el tiempo, al ciudadano prácticamente se le han negado los derechos básicos para que en forma efectiva se le haga justicia y se cumpla el debido proceso.
Independencia e imparcialidad
Otro elemento que queremos resaltar en estas jornadas al plantear el tema “Constitución, proceso, pruebas y reforma procesal”, que son los aspectos fundamentales de este evento, es que ninguna reforma tiene posibilidad de éxito si no está sustentada en la estructura jurídica que se basa en dos principios básicos: independencia e imparcialidad.
Espíritu humano
Sin esos dos principios elementales, aunque muy bueno sea el modelo procesal que podamos asumir, éste fracasará, por cuanto va a carecer del espíritu humano y sobre todo de una condición fundamental para que ese proceso se lleve a cabo: jueces verdaderamente consustanciados con la función que deben cumplir.
-¿Por qué no se ha logrado, aun sin que se produzca la reforma procesal, que los administradores de justicia en nuestro país no sean independientes e imparciales?
-Desgraciadamente, nuestro sistema judicial está sometido a una situación de tutela y los jueces no cumplen debidamente sus atribuciones porque deben recibir las órdenes e instrucciones que emanan del Poder Ejecutivo o del propio Poder Judicial.
Y, entonces el Dr. Molina Galicia expresa una opinión que, cuando la oímos parece que hace remecer el edificio del Colegio de Abogados del estado Lara:
-En Venezuela no tenemos jueces, sino funcionarios judiciales; es decir, empleados que están desempeñando un cargo que se denomina juez.
Falta de transparencia
A los dos principios mencionados hay que agregar otro: transparecencia, dice nuestro entrevistado. Los administradores de justicia deben tener transparencia en sus actuaciones.
Sus observaciones fueron ampliadas a los asistentes en su exposición de ayer.
Foto: Emanuele Sorge
